La Casa Blanca ha aclarado que el presidente estadounidense, Barack Obama, está en contra de perseguir a los periodistas por hacer su trabajo, en el marco del escándalo que se ha desatado por la investigación del Departamento de Justicia contra la agencia de noticias AP.
"Si me estáis preguntando si el presidente Obama cree que los periodistas deben ser perseguidos por hacer su trabajo, la respuesta es no", ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en la rueda de prensa diaria que se ha celebrado este martes.
El portavoz gubernamental, que fue redactor de la revista estadounidense 'Time', ha aclarado que Obama considera que es necesario buscar el equilibrio entre la libertad de prensa y la seguridad nacional.
La semana pasada, Obama ya adelantó que no iba a pedir perdón por preocuparse por las filtraciones de los medios de comunicación que puedan comprometer la seguridad nacional o a la del personal militar y de Inteligencia.
REGISTROS TELEFONICOS
El caso se destapó el pasado 10 de mayo, cuando AP recibió una carta de la Fiscalía del Distrito de Columbia para notificarle que el Departamento de Justicia había obtenido, sin previo aviso, los registros telefónicos de más de 20 líneas utilizadas por editores y periodistas de la agencia de noticias entre abril y mayo de 2012.
En respuesta, el presidente de AP, Gary B. Pruitt, envió una carta de protesta al fiscal general, Eric Holder, en la que objeta "en los términos más fuertes la masiva y sin precedentes intrusión del Departamento de Justicia en las actividades de recolección de noticias de AP".
"Los registros telefónicos revelan comunicaciones con fuentes confidenciales a través de todas las actividades de recolección de noticias realizadas por AP durante un periodo de dos meses, proporcionan una 'hoja de ruta' para las operaciones de recolección de noticias de AP y revelan información acerca de las actividades y operaciones de AP que el gobierno no tiene derecho a conocer", dijo.
En una rueda de prensa, Holder explicó que el Departamento de Justicia accedió a los registros telefónicos de AP en el marco de una investigación sobre una "filtración de información muy seria" que puso al "pueblo estadounidense en peligro", por lo que "tratar de determinar quién fue el responsable, requería acciones muy firmes".
"El Departamento de Justicia se esfuerza por alcanzar en cada caso un equilibrio adecuado entre el interés público por la libre circulación de información y el interés público por la protección de la seguridad nacional y la aplicación efectiva de las leyes penales", añadió el fiscal general adjunto, James Cole.
