La muerte del fiscal Alberto Nisman a pocas horas de explicar en el Parlamento detalles sobre su denuncia contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas, ha conmocionado al país y ha movilizado a la sociedad que reclama la verdad sobre el caso.
Su muerte se ha convertido en uno de los sucesos más impactantes que ha sacudido a Argentina desde el retorno de la democracia y ha vuelto todas las miradas hacia Cristina Fernández, que según fuentes oficiales, fue informada inmediatamente del suceso esta madrugada y reaccionó con una gran "sorpresa".
Mientras la presidenta se mantiene en silencio, su jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, expresó su "apoyo" a las fuerzas de seguridad "para garantizar el esclarecimiento" de este "hecho doloroso".
El canciller, Héctor Timerman, también acusado por Nisman, se limitó a "lamentar la muerte de un ser humano", en declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Nueva York, donde participará en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Alberto Nisman, fiscal especial a cargo de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía AMIA, fue hallado muerto en su vivienda del barrio bonaerense de Puerto Madero con un tiro en la sien.
Nisman fue encontrado en el baño por su madre, que pudo acceder al piso con la ayuda de un cerrajero, porque la puerta estaba cerrada por dentro.
Las primeras pericias han confirmado que la bala que acabó con su vida procedía de una pistola de calibre 22 encontrada bajo su cuerpo.
Además, en el apartamento, según la versión oficial, había documentos sobre la denuncia contra Fernández y sus colaboradores que presumiblemente el fiscal iba a presentar hoy en su comparecencia ante una comisión del Parlamento para explicar detalles de la demanda.
En contraste con el hermetismo del Gobierno, la oposición coincidió en manifestar su estupor por la muerte del fiscal y en reclamar una investigación "hasta las últimas consecuencias", en palabras del alcalde de Buenos Aires y aspirante a la Presidencia, Mauricio Macri.
El líder de la conservadora Propuesta Republicana (Pro) pidió que la justicia "actúe de forma independiente, rápida y contundente" porque "si esta muerte termina en más impunidad es un desastre para el futuro institucional de nuestro país".
"Estoy consternada. Me parece algo absolutamente grave, de una gravedad institucional muy fuerte", dijo la diputada Patricia Bullrich, quien había convocado a Nisman para que expusiera hoy sus datos del caso AMIA ante una comisión de la Cámara de Diputados.
Para la diputada opositora Elisa Carrió, la muerte del fiscal es fruto de una "guerra de los sótanos del poder", "de una guerra judicial loca".
Mientras, a través de las redes sociales la sociedad ha convocado una movilización para esta misma noche a la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, para reclamar la verdad bajo la consigna "Yo soy Nisman".
Políticos, magistrados y periodistas utilizaron también las redes sociales para opinar sobre la muerte del fiscal que investigaba la causa de la AMIA, como el exsecretario de Justicia Pablo Lanusse, para quien la muerte de Nisman "sacude las entrañas de la república".
En medio de estas reclamaciones, el juez argentino Ariel Lijo suspendió las vacaciones de su juzgado para tramitar la denuncia de Nisman contra la presidenta y pidió que sean protegidas las pruebas que manejaba el fiscal.
Periodistas y colaboradores de Nisman se han apresurado a decir que se sentía amenazado -tenía una guardia de diez policías- y aludieron a declaraciones recientes del fiscal en las que explicaba que le había advertido a una de sus hijas que se preparara para escuchar "cosas terribles" de su padre.
Según medios locales, tras denunciar a Fernández, el fiscal habría dicho a su equipo de colaboradores: "Con esto me juego la vida".
En declaraciones al diario Clarín también se refirió al tema: "Yo puedo salir muerto de esto", dijo la pasada semana.
Tras ocho años de investigaciones, Alberto Nisman denunció el pasado miércoles a Fernández por considerar que el memorándum de entendimiento aprobado en enero de 2013 con Irán incluía un presunto encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994 a cambio de las relaciones comerciales y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en Argentina.
El gobierno le acusó de mentir y de dejarse llevar por una guerra interna en los Servicios de Inteligencia tras el relevo en la cúpula de la institución.
Nisman, de 51 años, estaba al frente de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA desde 2004 y pasó de ser un funcionario próximo al fallecido ex presidente Néstor Kirchner al enfrentamiento abierto y la denuncia contra su esposa y sucesora, Cristina Fernández.
En 2008, había solicitado la detención del expresidente Carlos Menem y del exjuez de la causa por "alterar, obstruir e intentar neutralizar la investigación del atentado".
El fiscal había asegurado esta vez que tenía pruebas que demostraban que, tal como apuntaba la investigación y la comunidad judía, Irán y la organización Hizbulá estuvieron detrás de la planificación y ejecución del ataque terrorista contra la AMIA, algo que ha negado Teherán reiteradamente.
