La Justicia francesa condenó hoy a ocho años de cárcel al etarra Zuhaitz Errasti, de 31 años, por su participación en la estructura logística del aparato militar de la banda terrorista ETA y otros cargos, con el agravante de reincidencia.
El Tribunal Correccional de París dictaminó también la expulsión definitiva de Francia de Errasti y le condenó a pagar una indemnización de cerca de 7.000 euros a los propietarios de tres coches robados por la banda y usados por él.
La presidenta del tribunal, Dominique Piot, señaló en la lectura de la sentencia que Errasti es culpable de los 21 cargos por los que estaba acusado, entre ellos el de pertenencia a ETA. Además, se le consideró culpable de posesión y transporte de armas y explosivos (fue arrestado con cerca de 26 kilos de polvo de aluminio y con un revólver cargado y con munición), el robo de un coche y la utilización con matrículas falsas de otros sustraídos o el recurso a documentación falsificada.
El etarra, que había cumplido una primera pena de cuatro años en Francia finalizada en noviembre de 2008 tras la cual eludió a la Justicia española y pasó de nuevo a la clandestinidad, se encuentra en prisión desde que fue detenido la última vez el 26 de octubre de 2009 cerca de Vienne, en el este de Francia, por una avería con un coche.
El fiscal Ludovic Lestel solicitó hoy una pena de doce años de prisión contra él, al tiempo que manifestó algunas dudas sobre las intenciones de ETA tras su declaración de cese el fuego definitivo, una inflexión de la organización terrorista que en cualquier caso atribuyó al debilitamiento sufrido por la acción policial.
Lestel advirtió de que "la negociación no es la prioridad para esta organización", que "sigue disponiendo de un dispositivo militar importante", después de recordar que desde principios de año en Francia han sido detenidos nueve de sus miembros.
En esa misma línea, puso el acento en que, pese a la declaración del final de las acciones violentas el 20 de octubre del pasado año, eso no afecta a su actividad en Francia, donde se han producido "numerosas exacciones" desde entonces, y también en que el abandono de la violencia es resultado de la acción policial que "debilitó mucho" a la banda armada.
Sobre Errasti, que durante toda la vista respondió con un "nada que decir" -siempre con un tono distendido- a las preguntas a la que le sometió el tribunal, el fiscal remachó su reincidencia y aventuró que "no abandonará nunca la lucha armada".
Para justificarlo, se refirió a su prolongada vinculación a ETA al menos desde su primer arresto en España en 2002, cuando tenía 21 años, y también a que nada más quedó en libertad provisional en España a espera de juicio por enaltecimiento del terrorismo en noviembre de 2008 tras salir de la cárcel se dio a la fuga y entró de nuevo en la clandestinidad.
El Ministerio Público lo situó "en la estructura logística del aparato militar" y especuló con que las huellas que dejó en las bolsas de polvo de aluminio que se le incautaron y otras pruebas inducen a pensar que no sólo se dedicaba al transporte de explosivos, sino tal vez también a su confección y a su fabricación al ser capturado en octubre de 2009.
Un año -recordó Lestel- en que ETA había cometido unos meses antes atentados con explosivos contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos o contra agentes de las fuerzas del orden en Bilbao y Mallorca, en estos dos últimos casos mortales.
La abogada defensora Olatz Talavera se esforzó en su alegato en que las tres juezas del tribunal tuvieran especialmente en cuenta "el nuevo escenario" desde la declaración del fin de las acciones armadas de ETA y lo que llamó "el esfuerzo que el pueblo vasco hace para la resolución de este conflicto".
Talavera, que lamentó que la demanda de negociación de la banda terrorista a Francia "se ha quedado en letra muerta", consideró que con su dictamen "este tribunal tiene su parte de responsabilidad".
