El Presidente de Colombia no acepta condiciones de alto el fuego de la guerrilla

Dice que el Gobierno no renunciará a su deber de garantizar la seguridad de sus ciudadanos

Previamente el Gobierno valoró el cese el fuego de FARC pero sin aceptar la verificación

El presidente Santos (Archivo)

internacional

| 18.12.2014 - 14:02 h
REDACCIÓN

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó las condiciones del alto el fuego unilateral e indefinido que planteó la guerrilla de las FARC y afirmó hoy que el Gobierno no renunciará a su deber constitucional de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

"Por ningún motivo vamos a renunciar ni a hacer excepciones en el cumplimiento de esa obligación", manifestó el presidente en un acto celebrado en la ciudad de Quibdó, capital del departamento occidental del Chocó.

Santos comparó la exigencia de las FARC, de que para la continuidad del cese el fuego no debe haber ataques por parte de la fuerza pública, con el regalo de una rosa, "pero cuando la abrimos hay un tallo lleno de espinas".

RECHAZO A LA VERIFICACIÓN

Previamente a las palabras del presidente Santos, el Gobierno colombiano valoró positivamente el anuncio del cese el fuego unilateral indefinido de la guerrilla de las FARC, que debe comenzar el próximo sábado 20, pero dijo que no acepta la exigencia de verificación de esta suspensión de hostilidades.

La exigencia de verificación para el cese unilateral es una condición que el Gobierno no acepta. Estamos dispuestos a iniciar la discusión sobre el tema de verificación para el eventual cese bilateral y definitivo cuando se dé inicio formalmente a la discusión del punto 3 de 'Fin del conflicto'", señaló hoy el Gobierno en un comunicado, su primera reacción al anuncio de la guerrilla.

Las FARC anunciaron ayer en La Habana, en el cierre del último ciclo del año de las negociaciones de paz, el cese el fuego unilateral indefinido "que debe transformarse en armisticio", y advirtieron que "se daría por terminado" solamente en caso de que se constate que las "estructuras guerrilleras han sido objeto de ataques por parte de la fuerza pública".

Igualmente pidieron contar con los observadores de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la ONG Frente Amplio por la Paz.

GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS COLOMBIANOS

En el comunicado divulgado por la Presidencia, el Gobierno deja "muy claro", que "continuará cumpliendo con su indeclinable deber constitucional de garantizar y proteger los derechos de los colombianos".

Las FARC insisten en la necesidad de declarar un cese el fuego bilateral durante las negociaciones, algo que ha sido rechazado tajantemente por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el argumento de que la guerrilla puede aprovechar esta circunstancia para sacar ventaja militar, como ha ocurrido en otros procesos.

"El país no puede ni quiere repetir experiencias del pasado, en las que anuncios de cese al fuego sólo fueron cumplidos parcialmente. Toda actividad armada y toda amenaza contra la población civil debe cesar", señaló el comunicado de hoy.

El Gobierno agregó que "valora en toda su dimensión" la decisión del cese el fuego unilateral, que consideró "que va en la dirección correcta" y dijo que "evaluará el cumplimiento de esta decisión por parte de las FARC".

"Este es un buen inicio para un proceso de desescalamiento de las hostilidades en el territorio nacional que desemboque, si llegamos a un acuerdo final para la terminación del conflicto, en un cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo con su debida verificación, en concordancia con la agenda del Acuerdo General de 2012", manifestó.

Al mismo tiempo, recomendó que este primer paso "se le deben sumar, a la mayor brevedad posible, las medidas de desescalamiento que se han venido discutiendo en La Habana".

En los últimos meses, durante la discusión del punto de víctimas, las partes han hablado de la posibilidad de reducir la intensidad del conflicto armado, lo que han llamado "desescalamiento" como una manera de mostrar a la sociedad avances tangibles del proceso iniciado hace ya dos años en la capital cubana.