Atenas queda paralizada por una huelga del transporte público contra los últimos recortes

internacional

| 22.09.2011 - 12:11 h
REDACCIÓN

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Atenas se ha quedado sin transporte público desde esta madrugada debido a una huelga, que afecta también a numerosos vuelos por la participación de los controladores aéreos. Los sindicatos del transporte público han convocado esta huelga para protesta contra la fusión de diversas empresas del sector y el despido o la jubilación anticipada de numerosos trabajadores, medidas que forman parte del plan de ahorro requerido para que el país siga recibiendo ayuda externa con el fin de evitar la bancarrota.Al paro se han sumado todos los taxistas del país, que se oponen a la liberalización de la profesión, con la que se abrirán las licencias a la libre demanda.

La huelga de 24 horas, que se ha iniciado a las 05.00 hora local (02.00 GMT), afecta a numerosos turistas ya que están paralizados el tren de cercanías y el metro que van al aeropuerto internacional de Atenas Elefterios Venizelos. Además, decenas de vuelos han sido cancelados o modificados por un paro de tres horas, entre las 12.30 y 15.30 (09.30 y 12.30 GMT), de los controladores aéreos convocado por la Confederación de Funcionarios Públicos (Adedy) en la región capitalina contra los recortes salariales.

A partir de las 13.00 hora local (10.00 GMT) se unirán a las protestas los docentes y estudiantes que rechazan los cambios previstos en el sistema educativo y la falta de medios y material de estudios. Ayer los principales sindicatos griegos convocaron dos huelgas generales de 24 horas, para el 5 y el 19 de octubre, por los nuevos recortes que el Gobierno impondrá para cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Adedy y la Confederación de Trabajadores de Grecia (GSEE), que cuentan con dos millones de afiliados, responden así a los anuncios del Gobierno de que es necesario implementar medidas adicionales de austeridad para reducir el déficit fiscal y la deuda pública.

NUEVAS MEDIDAS

El Gobierno griego apretó hoy aún más la tuerca del ahorro, para evitar la quiebra y convencer a acreedores y socios de que el país está dispuesto a cumplir sus compromisos, con un recorte de las pensiones y una nueva reducción del número de funcionarios. Tras una intensa reunión de más de seis horas, el Consejo de Ministros anunció un nuevo catálogo de medidas que, además de la rebaja de pensiones y la drástica reducción de funcionarios, incluye más impuestos y una reforma fiscal que hará que quienes menos ganan tengan también que pasar por la caja del Estado. Así, las pensiones a partir de 1.200 euros se verán reducidas en un 20 por ciento, mientras que los jubilados con menos de 55 años tendrán que despedirse del 40 por ciento de sus retribuciones.

El Ejecutivo anunció también que unos 30.000 funcionarios públicos, el 3 por ciento del total, pasen este año a una "reserva".Aunque en principio la medida prevé que esos trabajadores mantengan un salario mínimo durante un año a la espera de ver si sus servicios son de nuevo necesarios, la mayoría de analistas coincide en que hasta un 25 por ciento de ellos perderá su empleo.

En los últimos dos años, Grecia ya ha reducido su inflado sector público en 200.000 funcionarios, aunque el objetivo es prescindir de otros 150.000 hasta el año 2015, como parte de sus compromisos con la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, el Gobierno ha bajado el listón de ingresos para tributar a Hacienda hasta los 5.000 euros anuales, desde los actuales 8.000, y ha anunciado un nuevo sistema de salarios "transparente, fiable y justo" en el sector público, que algunos expertos estiman reducirá los sueldos en un 15 por ciento. Quien tenga una vivienda tendrá que pagar hasta 2014 un nuevo impuesto inmobiliario, bajo amenaza de que se le corte el suministro eléctrico si no lo hace.

Además, el Gobierno ha insistido en que seguirá liberalizando sectores como el del taxi, las farmacias, la abogacía y las notarías, pese a que esa medida ha generado una oleada de huelgas, especialmente entre los taxistas, que el verano pasado pusieron en jaque a la industria turística del país. Aunque sin dar detalles ni fechas, el Ejecutivo se comprometió también hoy a impulsar las privatizaciones de empresas y organismos públicos con los que se quieren recaudar unos 50.000 millones de euros en los próximos cinco años.