Los Veintisiete han dado luz verde a la llamada 'iniciativa europea ciudadana', un nuevo instrumento previsto por el Tratado de Lisboa que permitirá a los ciudadanos europeos promover propuestas legislativas si reúnen al menos un millón de firmas de apoyo, procedentes de un cuarto de los Estados miembros y no de un tercio como pedía Bruselas.
Los ministros de Educación han adoptado formalmente este lunes el texto cerrado entre el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo el pasado diciembre, tras meses de negociación.
"El Tratado de Lisboa ha introducido una nueva dimensión de democracia participativa en paralelo a la de democracia representativa en la que se funda la Unión Europea con el objetivo de acercar a los ciudadanos a la UE fomentando un debate más transfronterizo sobre las cuestiones de la UE", dice el texto de conclusiones respaldado por los ministros.
La UE ha acordado que sea necesario un 'comité ciudadano' con representantes de al menos siete Estados miembros para presentar una petición. A cambio, Bruselas tendrá que pronunciarse sobre la admisibilidad de la propuesta en el momento de su registro y no esperar a que 300.000 firmas la respalden, que es el umbral que quería fijar inicialmente para examinar si es competente o no para legislar en el ámbito de la propuesta.
PROPUESTA
Otro de los cambios introducido en las negociaciones es que las firmas recogidas deberán representar a "un número significativo de Estados miembros", esto es al menos un cuarto de los países (hoy, siete de los 27) y no un tercio como constaba en el texto inicial, ni una quinta parte como pedía el Parlamento. Una vez que una Iniciativa Ciudadana Europea alcance el millón de firmas, el Ejecutivo comunitario debe asegurar que tendrá un "seguimiento" y, al menos, sea sometida a una audiencia pública.
El Consejo ha exigido que no se puedan forzar cambios en los tratados europeos a través de este instrumento y por ello el reglamento limita las iniciativas a "áreas de competencia de la UE" y exige "que sean consistentes con los valores de la Unión".
Además, será cada Estado miembro el responsable de comprobar la autenticidad de las firmas procedentes de sus nacionales y la Comisión Europea tendrá que poner a disposición de los organizadores de cada iniciativa una guía con la metodología y un punto de contacto.
Una vez que los ciudadanos registren su iniciativa ante el Ejecutivo comunitario tendrán un plazo de un año para recabar el millón de firmas necesarias. Bruselas también obligará a los organizadores o promotores de una Iniciativa Europea Ciudadana a aportar información sobre la financiación de la campaña a favor de la iniciativa.
El reglamento sólo comenzará a aplicarse un año después de su entrada en vigor con el objetivo de permitir a los Estados miembros y a la Comisión Europea adoptar las "medidas necesarias" para aplicarlas. Además, el reglamento volverá a ser revisado en un plazo de tres años, frente a los cinco años propuestos por Bruselas.
