El dictador argentino Jorge Rafael Videla reclamó "el honor de la victoria" en lo que definió como una "guerra justa" contra el "terrorismo" durante la dictadura, en su alegato final previo a la sentencia de este miércoles en el proceso que se desarrolla en Córdoba por delitos de represión.
"Los enemigos derrotados ayer" están "hoy en el poder", afirmó ante el tribunal el primer presidente de la última dictadura argentina, sentado en el banquillo junto a otros 29 acusados, entre ellos el general Luciano Benjamín Menéndez, en el primer juicio que enfrenta desde el proceso a las Juntas Militares de hace veinticinco años.
En una sala colmada por familiares de víctimas de la dictadura y organismos humanitarios, Videla, que nunca perdió la compostura, sostuvo que grupos guerrilleros abrieron paso a "una guerra interna con apoyo del exterior".
"No fue una guerra clásica, sino irregular. Su signo distintivo fue la imprecisión. Fue imprecisa en sus comienzos, ¿quién puede decir cuándo comenzó esta guerra? No lo fue menos en su término. Me pregunto si aún podemos asegurar que, más allá de las operaciones militares, haya realmente terminado esta guerra", manifestó Videla, de 85 años, ante el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba.
En un alegato que leyó durante unos 50 minutos, el dictador desafió al tribunal al definirse como "un preso político" a merced del "terrorismo judicial".
En su cuarta intervención desde el inicio del juicio, el pasado 2 de julio, Videla justificó la dictadura (1976-1983) por el "clima agobiante de violencia" y "la inoperancia de la justicia" que afrontaba el país.
"La agresión terrorista buscaba la destrucción de bienes materiales o de personas", insistió el represor, quien cuestionó los argumentos de la fiscalía para pedir su reclusión perpetua.
Videla, que remarcó que asume "todas sus responsabilidades" como jefe del Estado entre 1976 y 1980, es juzgado por los crímenes de 31 presos políticos, además de los secuestros y torturas de cinco ex policías y el hermano de uno de ellos en jurisdicción del Ejército en la provincia de Córdoba y su capital homónima.
La guerrilla que actuó en Argentina en los años 70 del pasado siglo pretendía instalar un régimen marxista leninista "con personal entrenado en Cuba, Siria, Palestina o bien en este país", afirmó el dictador.
Durante su intervención, Videla habló de una "orgía de violencia" en vísperas de la dictadura y recordó que la "guerra" contra el "terrorismo" comenzó con el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y "contó con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía" en un "caso único" en la región.
"Resulta falso o ingenuo simplificar los hechos. Fue la sociedad argentina la principal protagonista", subrayó. "Fue objeto de la agresión que pretendía sojuzgarla por el terror y ordenó a su brazo armado acudir en su defensa".
"Ganamos la guerra en el campo militar, pero lamentablemente no supimos llevarlo al terreno político", apuntó el ex jefe militar, quien recurrió a pasajes de la Biblia en su defensa y cuestionó la visión "hemipléjica" de la sociedad sobre el régimen.
En la dictadura, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, "se llegó a situaciones límites con actos que rayan en el horror, que merecen ser comprendidos en el marco de un conflicto bélico interno", agregó Videla, quien valoró "el sufrimiento de aquellos que lloran a sus muertos".
El juicio, por el que desfilaron más de 100 testigos, destapó crudos relatos de la represión rechazados por Videla, indultado en 1990 por el entonces presidente, Carlos Menem (1989-1999).
En 1998 regresó a la cárcel por orden de un juez que consideró la apropiación indebida de menores como delito de lesa humanidad, pero inmediatamente se benefició del arresto domiciliario.
En 2006, otro juez anuló su indulto y, dos años después, revocó su prisión domiciliaria, lo que permitió su traslado a una prisión militar.
La batalla judicial sobre su situación concluyó en abril de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el indulto concedido por Carlos Menem a Videla.
La Fiscalía y la querella del juicio celebrado en Córdoba, a 800 kilómetros de Buenos Aires, han reclamado la prisión perpetua de los acusados por los delitos de torturas, homicidio agravado y privación ilegal de la libertad durante la última dictadura.
