El Gobierno panameño y los gremios de Colón siguieron hoy sin poder sentarse a negociar una salida al conflicto que afecta a esa ciudad portuaria a causa de una polémica ley que permite privatizar su Zona Libre, al tiempo que la ONU instó a las partes a iniciar el diálogo lo antes posible.
La crisis en Colón, la puerta en el Atlántico de Canal de Panamá, estalló la semana pasada cuando se aprobó y sancionó la llamada Ley 72, y ha dejado al menos tres muertos, según fuentes oficiales y gremiales, heridos, decenas de detenidos, y una ciudad sin actividad comercial ni de transporte y con las clases suspendidas.
Los sectores opuestos a la ley mantuvieron este miércoles la huelga que iniciaron el lunes y también las protestas de calle, que en esta jornada se desarrollaron en relativa calma, mientras una comisión ministerial se quedó en Colón esperando, por segundo día consecutivo, a algún interlocutor válido para entablar un diálogo.
La traba está en que los sectores que promueven las protestas han condicionado el inicio del proceso a que sea derogada la ley que permite la privatización de la Zona Libre, y el Gobierno insiste que cualquier decisión al respecto debe adoptarse en una mesa de concertación.
El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, rechazó calificar la jornada de hoy como un "día perdido" porque, resaltó, se logró concretar la intermediación de la iglesia católica en el conflicto a través del obispo de Colón, Audilio Aguilar.
"Hemos avanzado, tenemos mediadores, y mañana vamos a estar aquí de vuelta, estos procesos toman tiempo", afirmó De Lima, que reiteró "la voluntad" del Ejecutivo de sentarse "a conversar".
Aguilar sostuvo reuniones a puerta cerrada tanto con la misión gubernamental como con los representantes de la Cámara de Comercio y el Frente Amplio de Colón, los promotores de las protestas.
"Tenemos que buscar cómo sentarnos", expresó Aguilar a los periodistas, tras aclarar que las partes se mantienen en sus posiciones porque las creen correctas.
El obispo confirmó que los gremios colonenses rechazan el ofrecimiento presentado anoche por el presidente panameño, Ricardo Martinelli, de eliminar solo el artículo que habla de la venta de los terrenos en la Zona Libre, e insisten en que toda la ley debe ser derogada.
Martinelli, que se encuentra de gira por Japón y Vietnam, lanzó esa propuesta, junto a otra de elevar en 100 % los alquileres en la Zona Libre, a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, la oficina regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU llamó este miércoles "al Gobierno y a todos los sectores sociales de la provincia (de Colón) a iniciar de manera inmediata un diálogo que permita lograr una salida pacífica y positiva" al conflicto.
Sobre los actos de violencia en Colón, la oficina de la ONU recordó que los "estándares universales" indican que "el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional", y pidió a los manifestantes "a no hacer uso de la violencia".
La Procuraduría General panameña dijo este miércoles en un comunicado que se realizan las "diligencias para dar con los responsables de los tres homicidios registrados durante los últimos días en las manifestaciones en Colón".
Por su parte, la Policía informó de que en la jornada retuvo a una treintena de estudiantes en el marco de una serie de bloqueos a la vía pública en la capital panameña, en las que también participaron miembros del sindicato de la construcción Suntracs y estudiantes universitarios en apoyo a las protestas colonenses.
Miembros del Frente por la Democracia, que integran los partidos de oposición y grupos cívicos, también marcharon pacíficamente en la capital en rechazo a la Ley 72.
El máximo dirigente de Suntracs, Saúl Méndez, anunció que el próximo viernes ese gremio convocará un paro nacional de 24 horas para presionar la derogación de ley que permite privatizar la Zona Libre.
La Zona Libre de Colón, considerada la más importante del mundo después de Hong Kong, alberga cerca de 2.500 empresas que generan más de 30.000 empleos directos y aportan más de 100 millones de dólares anuales a las arcas estatales, según datos de su Asociación de Usuarios.
La Zona Libre alcanzó un superávit de 877,2 millones de dólares en sus transacciones comerciales durante los primeros cinco meses de 2012, el 190,84 % más que en igual periodo de 2011, según el Ministerio panameño de Economía y Finanzas.
