La Fiscalía francesa pidió hoy 30 años de cárcel para Mikel Albisu, "Mikel Antza", y María Soledad Iparraguirre, "Anboto", por considerarlos dirigentes etarras cuando fueron detenidos en 2004, el primero jefe del aparato político y la segunda del financiero.
El fiscal Jean-François Ricard también solicitó ante el Tribunal de lo Criminal de París que dos tercios de esa pena -la máxima posible por los delitos de los que están acusados- sean de cumplimiento efectivo, y que una vez que salgan de la cárcel sean expulsados de forma definitiva de Francia.
Ricard requirió 20 años de cárcel para otros de los encausados, Juan Cruz Maiza, en tanto que "corresponsable del aparato logístico" al menos en el periodo 2002-2004, durante el que estuvo a cargo de los escondites donde ETA tenía los arsenales de armas y explosivos en Francia.
Para los otros siete encausados en este proceso, que comenzó el 15 de noviembre, todos ellos dueños de propiedades en las que la banda terrorista escondía algunos de sus arsenales, las condenas pedidas por la Fiscalía fueron de quince a cinco años de prisión.
En concreto, pidió 15 años de cárcel para Peio Alcantarilla Mozota, 12 para José Ramón Arano Urbiola, 12 para Miguel Ángel Negrete Ortega, 7 para Xavier Oxarango, otros tantos para Robert Arrambide, seis para Lourdes Urdampilleta y 5 -con una exención parcial de cumplimiento- para Myriam Inçaby.
Ricard también se pronunció a favor de la incautación definitiva de las tres casas en otras tantas localidades del País Vasco francés (Urrugne, Saint Pierre d'Irube y Briscous) en las que se localizaron subterráneos construidos para esconder arsenales de ETA, puesto que sus propietarios recibieron por ello dinero de la organización terrorista.
El fiscal precisó datos sobre las responsabilidades de "Antza" y "Anboto", y así señaló que el primero no sólo participaba en el comité central -máximo órgano de ETA donde se toman las grandes decisiones de la banda, como la comisión de atentados-, sino que disponía de "un poder central" evidenciado en su "capacidad para modificar la estructura" de funcionamiento.
Añadió que el acusado no tenía un papel meramente político por estar al frente del aparato que lleva ese nombre, y para ilustrarlo aludió a los documentos aprehendidos en Salies de Béarn que mostraban la supervisión que ejercía mes tras mes y estructura por estructura de los efectivos de que disponía ETA.
En cuanto a Iparraguirre, considerada "jefa del aparato financiero", el fiscal afirmó que daba "instrucciones firmes a cada aparato" sobre la forma de realizar la contabilidad, de la que le tenían que rendir cuentas.
Pero además, estaba "directamente implicada" en las operaciones de extorsión de empresarios para el cobro del llamado "impuesto revolucionario", según el representante del ministerio público, que citó numerosos textos que ella redactó sobre esa cuestión.
En la práctica, fijaba "directrices para aumentar los fondos" de la extorsión, establecía las cantidades que se iban a exigir, recibía el dinero y luego lo distribuía a los principales jefes de las diferentes estructuras de la organización.
La colaboración mutua entre los dos miembros de la pareja funcionaba en los dos sentidos, de acuerdo con Ricard, ya que "Albisu no era ajeno" al funcionamiento del aparato financiero, aseguró el fiscal.
