El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha enviado una carta al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, en la que pide que la Unión Europea pague 400 millones de euros por el coste de la valla que Budapest elevó en sus fronteras del sur para detener a los refugiados.
Así lo anunció hoy a la prensa en Budapest János Lázár, el ministro húngaro de Gobernación, al explicar que su país espera "solidaridad" a la hora de cubrir los gastos de la defensa de las fronteras exteriores de la zona Schengen de libre circulación.
"Hungría defiende la seguridad de los ciudadanos europeos ante los refugiados", afirmó Lázár. "La solidaridad debería manifestarse en la práctica", añadió. El ministro cifró en 800 millones de euros el coste de la construcción en 2015 de las vallas a lo largo de las fronteras con Serbia y Croacia, por lo que la suma solicitada a Bruselas supone la mitad de los gastos.
El Gobierno del conservador Orbán decidió elevar las vallas en el momento más crítico de la crisis de refugiados, cuando la frontera entre Hungría y sus vecinos del sur formaba parte de la "ruta de los Balcanes" atravesada por centenares de miles de refugiados para llegar a países más ricos de la UE, como Alemania o Suecia.
Esas vallas húngaras, así como la adopción en Hungría de leyes severamente restrictivas contra la inmigración ilegal, con penas de cárcel de hasta 5 años por cruzar la frontera, fueron entonces muy criticada por varios países de la UE, así como por organizaciones internacionales y ONG.
Además, Orbán, quien en reiteradas ocasiones ha relacionado el terrorismo con la llegada de solicitantes de asilo que huyen de los conflictos en Oriente Medio, se opone radicalmente al sistema de reubicación de refugiados por cuotas elaborado por la Comisión Europea. Bruselas ha acusado al Gobierno húngaro de no ser solidario con otros socios comunitarios al negarse a aceptar a los refugiados.
ESPAÑA TOMA EL MANDO DE LA 'OPERACIÓN SOPHIA'
El Estado Mayor de la Defensa español, dependiente del Ministerio de Defensa, tomará este viernes, 1 de septiembre, el mando de la Operación Sophia o European Union Nalva Force - Mediterranean (EUNAVFOR MED SOPHIA), que se lanzó el 22 de junio de 2015 con el objetivo militar de identificar, capturar y deshacerse de los medios que usen o se sospeche que utilicen los contrabandistas y los traficantes de inmigrantes en el Mediterráneo, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa.
De este modo, España dirigirá el Cuartel General de la fuerza (FHQ), es decir, la coordinación táctica de las unidades navales y aéreas participantes en la operación, con el uso del buque 'Cantabria'. El cuartel general operacional continuará estando en Roma (Italia), pero España se encargará de liderar la operación en el mar.
El Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) 'Cantabria' cuenta con una dotación de 168 personas; un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de once personas; una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB), con un helo AB-212 y doce personas; y los 45 miembros del FHQ, de los cuales quince son españoles. En total habrá 236 personas a bordo del buque de mando español.
Esta operación, de la que forman parte más de 2.380 personas y 25 países, constituye una de las medidas de la Unión Europea encaminadas a terminar con la tragedia humanitaria que se está produciendo en el Mediterráneo, contribuyendo a la lucha contra la inestabilidad en la región para incrementar la seguridad tanto de las poblaciones del área como de los ciudadanos de la UE.
ESPAÑA DIÓ UN "PASO AL FRENTE"
Durante la cumbre de ministros de Defensa celebrada el pasado mes de abril en Malta, Italia pidió a los 25 países que participan en la Operación Sophia que aportasen un buque de mando para poder relevar a los suyos. España, según ha asegurado el Ministerio de Defensa español, fue el "único país" que dio un "paso al frente" ante este reto, ofreciéndose a liderar esta operación.
La Operación Sofía ayuda, dentro de la respuesta integral de la UE a la inmigración ilegal, en lo referente a la lucha contra las redes de contrabando responsables de la pérdida de vidas en el mar. Además, tiene el objetivo de luchar y quebrantar el modelo de negocio montado por las redes de contrabando y tráfico de seres humanos en el Mediterráneo, así como contribuir a reducir las posibles pérdidas de vidas que se producen como consecuencia.
España también aporta a esta misión un destacamento del Ejército del Aire en la base aérea de Sigonella (Italia), consistente en un avión D-4 VIGMA de patrulla marítima y un contingente de aproximadamente 40 militares. Asimismo, la Armada Española aporta una fragata con una dotación de unos 200 marinos.
Gracias a esta operación, según datos aportados por el Ministerio de Defensa, hasta el 10 de enero de 2017 un total de 101 sospechosos de tráfico ilegal han sido arrestados por las autoridades italianas; 372 embarcaciones han sido neutralizadas, evitando que pudieran ser reutilizadas por los traficantes de personas; y se han llevado a cabo 306 intervenciones en el marco de las operaciones de embargo de armas.
Además, las unidades EUNAVFOR MED han salvado la vida a 39.660 personas, de las cuales 31.171 eran hombres, 5.926 mujeres, 2.537 niños y 26 bebés. En la misión participan 25 Estados Miembros, de los cuales 20 aportan personal militar (Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia y Reino Unido); cuatro aportan personal militar y fondos económicos para el adiestramiento de personal libio (Luxemburgo, Malta, Eslovenia, República Checa); y uno aporta fondos para el adiestramiento de personal libio (República Eslovaca).
