El proyecto del Gobierno francés de convertir el aborto en un derecho pleno de las mujeres, que hoy comenzaron a estudiar los diputados, ha reabierto el debate en el país, donde los opositores piden que se siga el ejemplo de España y se restrinjan las interrupciones del embarazo.
Para los defensores del aborto, el ejemplo español muestra que "los derechos de las mujeres nunca están totalmente adquiridos". Así lo expresó la presidenta de la comisión de Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional, Axele Lemaire, durante la apertura del debate sobre la ley de igualdad entre hombres y mujeres.
Este proyecto, que entre otras cosas prevé reservar una baja por paternidad a los padres, es aceptado en general por todos los grupos, pero incluye dos enmiendas sobre el aborto que han provocado la cólera de sectores tradicionalistas.
La primera está destinada a hacer caer el último obstáculo que se interponía entre la mujer y el acceso al aborto. La actual ley francesa, aprobada en 1975, señala que el aborto está reservado a las mujeres en situación de "desamparo".
La enmienda presentada por los socialistas establece que "una mujer embarazada que no quiera proseguir con su gestación" puede pedir un aborto, que en Francia está cubierto por la seguridad social. "El derecho al aborto debe ser considerado un derecho pleno, no condicionado a ninguna justificación que se imponga a las mujeres", indicó en la radio RTL la ministra de Derechos de las Mujeres y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud Belkacem, gran artífice de esta reforma.
220.000 ABORTOS AL AÑO
Entre los opositores al aborto, ese cambio echa por tierra el espíritu de la ley de 1975, en la que queda establecido que el aborto debe ser "un último recurso", pero no "un derecho pleno".
"El aborto pasa a ser, prácticamente, la primera opción para un gran número de mujeres. Es un método anticonceptivo más. Es la banalización del aborto", aseguró la portavoz del colectivo "Juntos por la vida", que ayer, domingo, convocó una gran manifestación en París y reunió, según sus cifras, a 40.000 personas, 16.000 según la Policía.
Una de cada tres mujeres francesas ha abortado en alguna ocasión en el país, donde se practican unos 220.000 abortos al año, frente a los algo más de 800.000 nacimientos, una cifra que se mantiene estable desde 2006.
Las críticas al proyecto socialista se intensificaron y, generalmente, pusieron como ejemplo el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno español, que restringe el derecho al aborto a las mujeres violadas o aquellas cuya vida corra peligro en el momento del alumbramiento.
El presidente de la Fundación Jérôme Lejeune de niños trisómicos, Jean-Marie Le Méné, consideró que el aborto está constituyendo "un genocidio" para los afectados por esta enfermedad.
30.000 EUROS DE MULTA
El otro caballo de batalla reside en la enmienda que busca reforzar el delito de "obstaculización" al aborto, penado con dos años de prisión y 30.000 euros de multa.
Prevista inicialmente para perseguir a todos aquellos que organizaran actos contra las clínicas que practican abortos, la enmienda extiende el castigo también a los que desinformen sobre el acceso a este derecho.
Para los opositores al aborto se trata de "un atentado a la libertad de expresión" que persigue el cierre de páginas de internet para impedirles hacer el trabajo de acompañamiento a las mujeres embarazadas.
Vallaud Belkacem precisó que se trata de "reprimir la desinformación, no la información de alternativas al aborto, si se trata de una información equilibrada".
Las enmiendas sobre el aborto cuentan con el respaldo de los socialistas y de sus aliados de izquierdas.
La oposición conservadora de la UMP aparece dividida, con algunos diputados favorables a la misma mientras que otros, representantes del ala más democristiano de la formación, están en contra.
La principal contestación política procede del ultraderechista Frente Nacional, cuya líder, Marine Le Pen, aseguró que el aborto "no debe ser un método contraceptivo como los demás". Algunos de sus representantes, como el eurodiputado Bruno Gollnich, participaron en la manifestación del domingo, mientras que su fundador, Jean-Marie Le Pen, ha mostrado públicamente su respaldo al proyecto del Gobierno español.
