La Fiscalía solicita al juez Velasco que pida la extradición de Cubillas a Venezuela

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Eloy Velasco que reclame a Venezuela la extradición del etarra Arturo Cubillas, el funcionario del Gobierno de Hugo Chávez acusado de dar cobertura a los miembros de la banda terrorista que supuestamente se desplazan al país sudamericano para recibir adiestramiento militar. "La nacionalidad venezolana del reclamado no es un obstáculo para la concesión de la extradición", señala el escrito, firmado por el fiscal Vicente González Mota. Corresponde al Gobierno, a petición del juez Velasco, reclamar a Venezuela la extradición de Cubillas.

La Fiscalía señala además que los delitos por los que es reclamado Cubillas -tenencia de explosivos, colaboración con banda armada (por las FARC) y conspiración para cometer homicidios terroristas- "son susceptibles de extradición, sin que puedan ser considerados delitos políticos".

El departamento dirigido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, recuerda que Venezuela, de acuerdo con el Tratado Bilateral de Extradición, "está obligado a cumplir con el compromiso de perseguir tan graves actos criminales".

Por último, la Fiscalía deja la puerta abierta a la posibilidad de que Cubillas, si finalmente no es extraditado a España, sea juzgado en Venezuela por los delitos que se le imputan en la Audiencia Nacional. El fiscal González Mota señala que esta posibilidad viene recogida en el artículo 8.2 del Tratado bilateral suscrito por España y Venezuela.

El escrito destaca que en un fax remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores las autoridades de Venezuela señalan que Cubillas es "ciudadano venezolano" y que trabaja desde el año 2007 como jefe de seguridad del INTI. El fax también indica que el etarra "se ha personado recientemente ante las autoridades judiciales de Venezuela sin que haya tenido efecto hasta ahora la orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció en el Senado que el Gobierno tramitará la petición de extradición del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas, actualmente en Venezuela, al día siguiente de que esa solicitud sea formulada por el juez al Ejecutivo.

JEFE DE SEGURIDAD

Cubillas es el jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que dirige el denominado "proceso de socialización de tierras ociosas", la política de nacionalización de terrenos desarrollada por el Gobierno de Chávez.

Cubillas y otros cinco etarras se encuentran en busca y captura por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien les procesó el pasado mes de marzo en la causa que investiga la colaboración entre ETA y las FARC colombianas en territorio venezolano.

Más recientemente, el juez Ismael Moreno denunció el papel desarrollado por Cubillas, que desempeña un cargo público en el Gobierno de Hugo Chávez, en el adiestramiento recibido en Venezuela por los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, pero no pidió su busca y captura internacional.

VENEZUELA RESPONDE

Pese a la orden de detención emitida en marzo por Velasco, Chávez ha asegurado que Cubillas no puede ser detenido ni entregado a otro país porque, al tener la doble nacionalidad española y venezolana, está protegido por la Constitución de aquel país.

Además, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, insistió la semana pasada en la misma línea con unas declaraciones en las que garantizaba que Cubillas no saldría del país. "De acuerdo con nuestra Carta Magna, una persona venezolana, ya sea por naturalización o por nacimiento, no puede ser extraditada", dijo.

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, declaró el miércoles pasado en el Foro de la Nueva Sociedad que Venezuela debe "o juzgar o entregar" al etarra Arturo Cubillas y señaló que la cooperación judicial del país sudamericano es "totalmente mejorable".

Aunque Venezuela se niega a ayudar en virtud de su Constitución, tanto Juanes como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señalaron que dentro de los acuerdos internacionales cabe la posibilidad de que Cubillas sea juzgado en el país sudamericano.