La Fiscalía de Cuba acaba de elevar al Tribunal Provincial de La Habana una petición 20 años de cárcel para el contratista estadounidense Alan Gross por distribuir equipos de telecomunicaciones entre grupos de la disidencia cubana. El ministerio público lo acusa de un delito de “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”.
La policía de la isla detuvo a Gross el 3 de diciembre del 2009. Desde entonces, el Departamento de Estado de EE.UU. venía reiterando que el caso supone un grave obstáculo para cualquier acercamiento político a Cuba.
Hace unas horas, al poco después de conocerse el anuncio de la Fiscalía, el propio Departamento norteamericano emitió un comunicado para “condenar” la severa petición de condena. Indicó además que Gross “ha estado detenido sin cargos durante más de un año, en contra de todas las obligaciones en materia de derechos humanos y compromisos en materia de justicia y debido proceso”.
La dura propuesta de la acusación pública cubana es en principio un mazazo para el acusado. Pero también es un paso concreto en un proceso de incierto desenlace y, en este sentido, viene a poner fin a una prolongada situación de incertidumbre que estaba haciéndose insoportable para Gross.
En el anuncio oficial de la solicitud se señala que “la fecha del juicio será fijada en breve”. La información “fue trasladada por vía diplomática al Gobierno de los Estados Unidos, al que también se le notificó que sus representantes consulares, los familiares del señor Gross, así como los abogados de su familia podrán participar en la vista oral”.
A falta de una respuesta positiva a su demanda de liberación inmediata, Washington aspiraba al menos a que las autoridades judiciales fijaran pronto el enjuiciamiento del contratista. Desde hace algunas semanas, cuando la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado Roberta Jacobson viajó a la isla para continuar con las negociaciones migratorias entre ambos países, la Administración estadounidense albergaba ciertas esperanzas respecto a una rápida celebración del juicio. E incluso no descartaba un desenlace relativamente favorable del proceso, bien a través de una condena leve, bien en virtud de alguna medida de gracia.
La noticia recién difundida no alimenta desde luego el optimismo, pero en asuntos como éste y tratándose de una relación tan complicada como la que ambos países mantienen ningún vaticinio es aconsejable. En todo caso, la solicitud de la Fiscalía se hace pública “después de un exhaustivo proceso de investigación”, según la nota oficial distribuida hace unas horas.
El caso Gross, a quien el propio Raúl Castro acusó directamente de prácticas de espionaje mediante la donación de equipos satelitales a la disidencia interna, tiene su contrapartida en el encarcelamiento en EE.UU., hace ya más de 12 años, de cinco agentes cubanos a los que La Habana considera “héroes” por sus actividades “antiterroristas” y la Justicia norteamericana impuso penas de entre 15 años de prisión y cadena perpetua.
Alan Gross, de 62 años, trabajaba para un programa financiado por el Gobierno de su país cuando distribuyó los materiales de telecomunicaciones. Washington niega que estuviera implicado en ninguna conspiración o acto de espionaje y asegura que sólo trabaja de ayudar a miembros de la comunidad judía cubana.
