La Comisión Europea (CE) dio hoy luz verde a la activación de la llamada "opción nuclear" de los tratados europeos contra Polonia, un proceso legal previsto para actuar contra violaciones del Estado de Derecho en los países europeos que responde a la polémica reforma del sistema judicial impulsada por Varsovia.
"Tristemente, nuestras preocupaciones se han agudizado. En un periodo de dos años, se ha adoptado un número significativo de leyes que ponen en serio riesgo la independencia de la Justicia y de la separación de poderes en Polonia", comenzó su rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, voz del organismo en asuntos de Estado de Derecho.
La última reunión del año del colegio de comisarios europeos concluyó con el envío al Consejo de una propuesta razonada para pedirle que adopte una decisión en el marco del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (UE), que podría dejar a Polonia sin derecho de voto en esa institución y que se activa hoy por primera vez desde su creación.
Motivan esta decisión las reformas impulsadas por el partido gubernamental Ley y Justicia (PiS), de corte conservador, en el sistema judicial polaco, que preocupan a Bruselas por poner en tela de juicio la separación de poderes.
Entre otros cambios, permiten al presidente del país decidir si prolonga los mandatos de varios jueces del Tribunal Supremo o por cuánto tiempo lo hace, al tiempo que el ministro de Justicia ejerce también el papel de fiscal general. "El patrón común de estas reformas es que los poderes legislativos se establecen de tal manera que la mayoría que gobierna interfiere en la composición y el funcionamiento de estas autoridades (judiciales), haciendo que la independencia judicial sea inexistente", incidió Timmermans.
La decisión marca un punto de inflexión en el tira y afloja que enfrenta a Varsovia y Bruselas prácticamente desde la llegada del PiS al gobierno en diciembre de 2015, con la apertura por parte de la Comisión Europea en enero de 2016 de un diálogo con las autoridades polacas sobre este mismo tema.
Bruselas permanece dispuesta a mantener este diálogo "las 24 horas del día, 7 días a la semana" y deja la puerta abierta a dar marcha atrás en el proceso legal si Polonia implementa sus recomendaciones.
Con su decisión de hoy, el Ejecutivo comunitario pone en marcha el conocido como "mecanismo preventivo" del artículo 7 de los tratados europeos y pide al Consejo que adopte una decisión en este marco.
En su propuesta razonada, Bruselas señala más de trece actos legislativos que ha llevado a cabo el Gobierno polaco en los últimos dos años e insiste en los "numerosos contactos" con las autoridades de ese país para identificar una solución.
El caso queda ahora en manos de los países europeos que, tras obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y escuchar a la posición de Polonia, votarán si constatan "la existencia de un riesgo claro de violación grave" del Estado de Derecho.
Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de cuatro quintos de los Estados miembros sin contar el país aludido, es decir, 22 de 27 socios.
El castigo último a la deriva autoritaria que Bruselas percibe en Varsovia sería la retirada de su derecho a voto en las decisiones a nivel europeo, que forma parte del "mecanismo sancionador" del artículo 7 y solo se activaría con la unanimidad del resto de los Estados miembros.
Es improbable que se llegue hasta ese extremo, pues Hungría ya ha anunciado que no se posicionaría en contra de Varsovia, lo cual rompería la unanimidad de los socios.
En cualquier caso, Bruselas no es ajena a la reacción que va a generar su decisión entre los círculos más conservadores del Gobierno y la sociedad polacos.
"No soy ingenuo y sé que algunos intentarán venderlo como un ataque a la nación o al pueblo polaco, pero estoy firmemente convencido de que la Comisión es la guardiana de los tratados y tiene la responsabilidad de actuar", afirmó Timmermans.
Además de la activación del artículo 7, la Comisión Europea emitió también una nueva recomendación del Estado de Derecho, que "complementa" a las tres anteriores e "invita" a Polonia a abordar preocupaciones en Bruselas sobre las recientes leyes del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional de la Judicatura, adoptadas el 15 de diciembre.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario anunció que referirá al Gobierno polaco al Tribunal de Justicia de la UE por el régimen de jubilación de los tribunales ordinarios por discriminación de género, ya que introduce una edad de jubilación diferente para las mujeres (60 años) que para los hombres (65).
POLONIA DEFIENDE SU SOBERANÍA PARA REFORMAR LA JUSTICIA
El Gobierno nacionalista polaco defendió hoy sus polémicas reformas del sistema judicial ante la decisión de la Comisión Europea (CE) de activar el proceso que podría retirarle el derecho a voto en la UE, un instrumento que tachó de "político". "Polonia deplora la activación por parte de la Comisión Europea del procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE, que es esencialmente político, no legal", manifestó el Ministerio de Exteriores polaco.
El Gobierno dirigido por el partido conservador Ley y Justicia (PiS) se mostró dispuesto a dialogar con las instituciones comunitarias y con el resto de Estados miembros, pero señaló que no puede aceptar "opiniones unilaterales e injustas". Su intención, agregó, es "continuar con la reforma de su sistema judicial" porque el Gobierno se lo debe a sus "votantes", argumento esgrimido por PiS para aprobar sucesivos cambios en los principales tribunales y organismos de la judicatura desde que llegó al poder en 2015.
Comenzó con la reforma del Tribunal Constitucional y continuó con leyes que han modificado el funcionamiento y la constitución del Tribunal Supremo, el Consejo Nacional de la Judicatura (el organismo que designa a los jueces), los tribunales ordinarios y la fiscalía.
Ha seguido su camino a pesar de las continuas protestas en las calles y las críticas internacionales y de la oposición, que alerta, como Bruselas, de que las reformas violan la separación de poderes y aumentan la capacidad de control político sobre la justicia, que puede dejar de ser independiente en Polonia.
Ley y Justicia, el primer partido que ha conseguido mayoría absoluta en la historia moderna de Polonia, sostiene que cuenta con un mandato democrático para reformar el sistema judicial y recuerda que éste nunca ha sido verdaderamente "purgado" tras la caída del comunismo, a pesar de ser corrupto e ineficiente.
"La reforma judicial actual es muy necesaria. El diálogo entre la Comisión y Varsovia debe ser abierto y honesto. Creo que la soberanía de Polonia y la idea de una Europa unida pueden reconciliarse", manifestó en su cuenta de Twitter el nuevo primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, que accedió al cargo la semana pasada tras una remodelación del Gabinete.
En opinión de su Gobierno, el proceso abierto por la Comisión Europea supone "estigmatizar innecesariamente" a un país y "ejercer una presión política innecesaria" y debería ser el Tribunal de Justicia de la UE el encargado de decidir si un Estado miembro incumple alguna de las obligaciones que marcan los tratados.
La decisión de la CE "es todo cuestión de política, no de Estado de derecho", insistió el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, en declaraciones recogidas por la agencia PAP. A su juicio, Polonia sólo tendrá un papel importante en la UE "si tiene tribunales eficientes y que funcionen bien", lo que obliga al Gobierno a continuar con la reforma del sistema.
Varsovia defendió hoy en concreto las dos últimas reformas aprobadas por el Parlamento este mes, que modifican el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura.
Ante las multitudinarias manifestaciones en el interior del país y las advertencias desde el extranjero, el pasado verano el presidente polaco, Andrzej Duda, vinculado a PiS, se negó a ratificar ambos proyectos y los reformuló, pero las nuevas versiones también han sido duramente criticadas.
Uno de los apartados más polémicos de la reforma del Supremo es la rebaja de la edad obligatoria de jubilación para los jueces, que pasa de 70 a 65 años, lo que obliga a parte de los 87 magistrados en activo a dimitir a menos que el presidente del país les exima de manera individual de esa exigencia.
Por su parte, la reforma del Consejo Nacional de la Judicatura da al Parlamento, donde el PiS cuenta con mayoría absoluta, el poder de elegir a 15 de los 25 magistrados de este órgano, que hasta ahora eran nombrados por otros jueces.
La última palabra vuelve a tenerla el presidente del país, pero su portavoz avanzó el lunes que, a diferencia de lo ocurrido el pasado verano, las nuevas leyes cumplen con los requerimientos para ser ratificadas.
EL GOBIERNO HÚNGARO ANUNCIA SU DECISIÓN DE BLOQUEAR EL PROCESO
El Gobierno húngaro aseguró hoy que bloqueará el proceso abierto por la Comisión Europea contra Polonia debido a una reforma de su sistema judicial que Bruselas considera contrarias al Estado de derecho, y que podría acabar con la retirada del voto en la Unión Europea (UE) a este país.
"La decisión viola severamente la soberanía de Polonia. Es inaceptable que Bruselas presione a países soberanos y castigue a Gobiernos electos democráticamente", aseguró el viceprimer ministro húngaro, Zsolt Semjén, a la agencia MTI.
Semjén afirmó que se trata de un "proceso político" contra el Gobierno polaco y afirmó que Hungría está dispuesta a bloquear una decisión contra Polonia."Salvaremos a Polonia frente a un proceso político injusto y conceptual", afirmó el político húngaro.
La CE ha puesto hoy en marcha el artículo 7 de los tratados euro
