Mientras siguen abiertas las negociaciones entre el Gobierno argentino y los fondos buitre, Buenos Aires ultima hoy una presentación ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC) estadounidense para que investigue la existencia de posibles delitos económicos.
El titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina, Alejandro Vanoli, aseguró hoy que la entidad pedirá a la SEC que investigue el supuesto uso de información privilegiada en el litigio entre el Gobierno argentino y fondos de inversión que rechazaron la reestructuración de deuda y exigen el pago de unos 1.500 millones de dólares tras un fallo favorable.
Vanoli reveló que hace unas semanas la CNV "abrió una investigación vinculada con la operatoria de bonos, particularmente los reestructurados, para ver si había uso de información privilegiada o manipulación de mercado, tanto por parte de entidades locales como internacionales, incluyendo a personas que puedan estar vinculadas al juicio".
Según el titular de la CNV, la presentación que realizarán en Estados Unidos pretende detectar posibles irregularidades en la decisión de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) de activar los seguros de impago por incumplimiento de Argentina.
"Uno de los miembros que votó (en ISDA) porque se gatillen (activen) los seguros es el fondo Aurelius, uno de los buitres que está haciendo este reclamo en el juzgado neoyorquino de Thomas Griesa", dijo Vanoli a la agencia oficial Télam.
"El cuestionamiento es que este buitre estaría votando en un organismo para beneficiarse con el seguro (por impago)", puntualizó, antes de recordar que el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado "son delitos penales tanto en Argentina como en Estados Unidos".
Tras la vista celebrada ayer en el juzgado de Griesa, el Ministerio de Economía argentino arremetió contra el juez en un comunicado en el que le acusó de "no resolver nada" y de "beneficiar a los fondos buitre".
En la audiencia, Griesa pidió a las partes que sigan negociando pese a que el pasado miércoles venció el plazo de 30 días que tenía el Ejecutivo de Cristina Fernández para pagar a los acreedores de deuda en mora desde 2001.
Desde entonces, existe una división de opiniones entre los economistas argentinos sobre si el país entró o no en suspensiónm de pagos y las consecuencias más inmediatas.
"Estamos en situación de "default" (impago). Lo dijeron casi todas las agencias de crédito del mundo, incluso la China", dijo a Efe Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres.
Según Spotorno, la suspensión de pagos afectará negativamente a la economía argentina, en especial al sector privado, y provocará una caída del empleo, una mayor recesión económica y más inflación.
El diagnóstico que hizo para Efe el director de la consultora Hacer, Pablo Tigani, fue opuesto: "De ningún modo estamos en cesación de pagos. Argentina efectuó el depósito del dinero en tiempo y forma".
Tigani recordó que la mayoría de los fondos correspondientes al último vencimiento de deuda reestructurada se mantienen bloqueados en entidades bancarias por orden judicial.
Para desbloquear el pago a los tenedores de bonos que aceptaron importantes quitas en 2005 y 2010, el juez estadounidense Thomas Griesa exige que el Gobierno argentino pague simultáneamente a los fondos buitre, que se negaron a reestructurar su deuda.
Para el expresidente del Banco Central de la República Argentina Javier González Fraga, Argentina ha quedado "en un limbo", mientras que el consultor Gabriel Rubinstein advirtió, a través de las redes sociales, que habrá que "pagar sí o sí" para no entrar en un "default pleno" (suspensión de pagos total).
En lo único que todos coinciden es en que la situación actual de Argentina es incomparablemente mejor que la de 2001, cuando el país sufrió la crisis del "corralito".
