Pastor avisa que no actuar con las autopistas implica asumir 5.000 millones

Autopista peaje

economia

| 31.03.2014 - Actualizado: 16:34 h
REDACCIÓN

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La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha advertido a quienes critican que el Estado se implique en buscar una solución a la quiebra de las autopistas de peaje de que la alternativa consiste en que el erario público herede de ellas una deuda de casi 5.000 millones de euros.

En una entrevista en la Cadena SER de Canarias, Pastor ha rechazado que se llame "rescate" a la operación que planea el Gobierno ante la quiebra de las autopistas de peaje, con el argumento de que no se puede denominar así porque el déficit generado por las concesionarias no lo absorberán las arcas públicas.

"Quien utilice la palabra rescate en el sentido de poner dinero los ciudadanos, que sepa que tienen que borrarla, porque esto no es un rescate, aquí no se pone dinero de nadie, no se pone dinero de los ciudadanos", ha recalcado la ministra. Pastor ha explicado que, "al contrario, se hace una quita a los bancos, se hace una quita a todos los concesionarios y se crea una empresa pública".

De acuerdo con la solución propuesta por el Gobierno, ha añadido, "el Estado recupera esas carreteras que ha construido un tercero con su dinero", y se evita "tener que llevar al déficit público de España más de 5.000 millones de euros" derivados de las deudas de los responsables privados de esas vías.

En este sentido, ha enfatizado que "lo primero que tienen que entender bien todos los ciudadanos" es que, conforme a los contratos que se firmaron en su día para hacer concesiones destinadas a la construcción de autopistas de peaje, cuando una de ellas quiebre debe aplicarse la llamada responsabilidad patrimonial del Estado.

Eso implica, ha subrayado, que el Estado se queda con esa carretera pero se ve obligado a asumir las deudas que se han generado en torno a ella.

Y ha recalcado que, en este caso concreto, sería preciso aportar unos 5.000 millones de euros, pero el Gobierno "está trabajando" para aplicar una fórmula que evite que ese dinero salga de las cuentas estatales, creando una entidad de gestión de las autopistas participada por las empresas concesionarias y la banca. Mediante esa fórmula, ha insistido, "los usuarios, los ciudadanos, van a poner cero euros".