La OCDE pide al Gobierno más recursos para "cerrar las heridas" de la crisis

  • Gurría aplaude las reformas emprendidas en España pero insiste en que "hay que seguir pedaleando"
  • La OCDE alerta de que el crecimiento económico español está siendo excluyente

La OCDE ha pedido al Gobierno que destine más recursos públicos a "cerrar las heridas" que ha dejado la crisis en términos de pobreza y desigualdad, a la vez que le ha instado a seguir con las reformas que han permitido a España crecer por encima de la media y recuperar la mitad del empleo perdido. Durante la presentación del informe

"Estudios Económicos de la OCDE: España 2017", el secretario general de ese organismo, Ángel Gurría, ha tenido mensajes de apoyo a las reformas emprendidas pero ha insistido en los retos pendientes, con especial énfasis en la reducción de las desigualdades y la pobreza que ha dejado "la peor crisis de nuestras vidas".

"Se tienen que cerrar esas heridas, la desigualdad sigue en niveles previos a la crisis", ha pedido Gurría, que ha apuntado que hay "espacios presupuestarios" para ello y ha aconsejado hacerlo "por equidad, por justicia y porque el pacto social lo exige", aún más en el contexto político actual.

El informe de la OCDE eleva dos décimas la previsión de crecimiento económico para este año, hasta el 2,5% -igual que el Gobierno-, y el 2,2% en 2018, apoyado en la recuperación de la demanda interna y gracias a las reformas aprobadas en los últimos años.

En ese sentido, Gurría ha instado al Gobierno a "mantener el impulso de las reformas" para que la economía "siga adaptándose a un entorno cambiante y complicado" donde se rema "a contracorriente" con amenazas como el "brexit", que "va a ser carísimo" para Europa y el Reino Unido, o el proteccionismo en Estados Unidos.

Gurría ha señalado tres puntos clave como los principales retos de la economía española: aumentar la productividad y mejorar la cantidad y calidad de las inversiones, especialmente en el ámbito tecnológico, sostener el ritmo de creación de empleo, mejorando las competencias de los trabajadores, e ir reduciendo desigualdades.

PARADOS DE LARGA DURACIÓN

En este sentido, ha destacado el problema del paro juvenil, de los desempleados de larga duración y de la elevada tasa de pobreza infantil en España que, con un 23%, dobla la media de la OCDE. Así, entre las propuestas del organismo está elevar los programas sociales de lucha contra la pobreza, entre ellos las ayudas para parados de larga duración o aumentar el gasto en políticas activas de empleo.

No obstante, ha abogado por "una gestión presupuestaria prudente" y, aunque ha aplaudido la senda de reducción del déficit público, prevé que este cierre el año en el 3,4% del PIB -tres décimas por encima de lo comprometido con Bruselas- y el 2,8% en 2018 -seis décimas por encima-.

Para ello, la OCDE recomienda mejorar la estructura tributaria, que en su opinión actualmente "penaliza el crecimiento y el empleo" con subidas de los impuestos ambientales, eliminación del IVA reducido cuando beneficia a la población de mayores ingresos o revisión de la bonificación por compra de vivienda.

También plantea extender la exención de 500 euros en la cotización de las empresas cuando contratan a empleados indefinidos, actualmente limitada a dos años, cuando estos tengan baja cualificación. En términos de empleo, la institución prevé que éste crezca un 2,4% este año y el 1,9% en 2018, mientras que el desempleo caerá hasta el 17,5% y el 16,1%, respectivamente.

Sobre el sector financiero, la OCDE apunta a medidas adicionales para reforzar los balances de los bancos en caso de que la tasa de morosidad frene su descenso, a la vez que señala que hay margen para seguir recortando los gastos de explotación teniendo en cuenta que es el segundo país europeo con más sucursales bancarias.

Durante la presentación del informe, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha destacado que el informe valora el crecimiento económico de España y se ha mostrado de acuerdo con sus propuestas en materia de investigación privada, políticas activas de empleo y servicios profesionales, por cuya liberalización ha abogado si cuenta con el apoyo parlamentario suficiente.

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