El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha dictaminado que el céntimo sanitario recaudado en España "es contrario" al derecho comunitario. La sentencia señala que el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) no respeta la directiva sobre los impuestos especiales, explica un comunicado del Tribunal.
En particular, el impuesto carece de la "finalidad específica" que prevé esa normativa, que obliga a que ese objetivo no sea exclusivamente presupuestario. En ese contexto, el impuesto tampoco persigue, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y el medioambiente, añade el fallo. La decisión del Tribunal abre la vía a la devolución de los cerca de 13.000 millones de euros cobrados por ese concepto entre los años 2002 y 2011.
Los jueces declaran que "no procede limitar en el tiempo los efectos de la sentencia", como habían solicitado la Generalitat de Cataluña y el Gobierno español, porque el hecho de que hayan mantenido el impuesto en vigor durante un periodo de más de diez años hace que "no pueda admitirse" que hayan actuado de buena fe.
El Tribunal recuerda que en 2000 ya se pronunció sobre un impuesto con características similares a las del IVMDH y que en 2001, la Comisión Europea informó a las autoridades españolas de que la introducción de dicho impuesto sería contraria al Derecho de la Unión. Además, añade la sentencia, en 2003 el Ejecutivo comunitario inició un procedimiento de incumplimiento contra España en relación con dicho impuesto.
El caso llegó a la Justicia europea después de que la empresa Transportes Jordi Besora (TJB), establecida en Cataluña, solicitara la devolución de los 45.600 euros que tuvo que pagar entre 2005 y 2008 en concepto de impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió a los jueces de la UE que determinaran si ese impuesto respeta la normativa europea.
EL 'CÉNTIMO SANITARIO' SE APLICÓ EN 13 AUTONOMÍAS Y OSCILÓ ENTRE 1,2 Y 4,8 CÉNTIMOS POR LITRO
El céntimo sanitario, cuya aplicación ha considerado ilegal este jueves el Tribunal de Justicia de la UE (TUE), estuvo implantado en 13 comunidades autónomas hasta enero de 2013 y osciló entre 1,2 y 4,8 euros por litro de carburante.
Este gravamen alcanzó su valor máximo de 4,8 céntimos tanto para gasolina como gasóleo en nueve comunidades autónomas, que fueron Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares.
En Navarra se situó en 2,4 céntimos por litro, frente a los 1,7 céntimos de Madrid, mientras que en Asturias fue de 4,8 céntimos para la gasolina y de 4 céntimos para el gasóleo. En Galicia osciló entre 2,4 céntimos para la gasolina y 1,2 céntimos para el gasóleo.
Solo tres comunidades autónomas, que son Euskadi, La Rioja y Aragón, decidieron no aplicar este gravamen, lo que contribuyó a que los precios de venta al público en esas regiones fueran inferiores a los del resto del territorio nacional. Canarias tampoco lo aplica, si bien esta comunidad se rige por un régimen fiscal de insularidad específico.
MONTORO NO VE DESAUTORIZACIÓN AL GOBIERNO, SINO A LA COMISIÓN EUROPEA QUE DIO EL VISTO BUENO
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que el Gobierno acata la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contra el céntimo sanitario y ha considerado que esta decisión no supone una desautorización del Ejecutivo, sino de la Comisión Europea al haberse consultado con ella ese impuesto.
"El Tribunal de la UE no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europa, que en su momento fue la que autorizó al Gobierno y a las comunidades autónomas para implantar ese sistema del céntimo sanitario", ha dicho en una breve comparecencia ante los periodistas en el Congreso. Un sistema que ha dicho que "hoy ya no existe y ya no se está aplicando" porque se modificó.
Respecto a las consecuencias de la decisión en término de devolución de lo que se ha cobrado, ha dicho que habrá que evaluarlas, y ha explicado que se trata de algo parecido a lo vivido con la devolución de ayudas europeas en el sector naval.
"La evaluación económica no es posible facilitarla, acabamos de conocer la sentencia, tendremos que ver la amplitud a la que se refiere, y no cabe otra cosa que acatarla porque somos Europa y respondemos a las instituciones europeas", ha subrayado.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la cifra que debería devolver el Gobierno español después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya declarado ilegal el 'céntimo sanitario' ronda los 3.956 millones de euros, una cifra muy inferior a los 13.000 millones que recaudó el Gobierno por este concepto durante el tiempo que estuvo vigente. Gestha explica este desfase entre lo ingresado y lo que ahora deberá reintegrar el Estado en la prescripción de 9.176 millones correspondientes a los ejercicios fiscales anteriores al establecer la Ley General Tributaria un periodo máximo de cuatro años para la solicitud de ingresos indebidos. Por ello, los técnicos señalan que "no todo será reclamable", ya que los consumidores que quieran beneficiarse de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sólo podrán solicitar su devolución en el periodo comprendido entre marzo de 2010 y diciembre de 2012.
LA COMUNIDAD ESTUDIA QUIÉN TIENE QUE DEVOLVERLO
El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha explicado este jueves que la Comunidad acata la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que considera ilegal el 'céntimo sanitario' y estudia ahora quién lo tiene que devolver, si el Estado o las comunidades autónomas, al tiempo que ha recordado que los contribuyentes que tienen derecho a dicha devolución deben acreditar el pago de ese crédito.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Victoria ha dicho que tendrán que leer a fondo la sentencia pero ha aclarado que hace dos años el Estado modificó dicho 'céntimo sanitario' y pasó de ser un impuesto sobre la venta a un recargo sobre el impuesto especial. Por tanto, el fallo judicial afectaría a lo cobrado hace años, no lo que se cobra actualmente.
"Habrá que ver qué cuantía hay que devolver, con qué procedimiento y con qué alcance en la medida en la que hay una parte que ha prescrito. Habrá que reintegrado a aquellos contribuyentes que lo hayan pagado y que lo reclamen. Y luego podremos determinar el alcance que tendrá en las haciendas autonómicas", ha indicado.
"Lo que está claro es que si hay que devolvérselo a alguien, hay que devolvérselo al contribuyente. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos un recargo sobre el impuesto y la Comunidad ha acordado con fecha de 1 de enero la devolución a los transportistas profesionales de dicho recargo", ha insistido.
