La unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, inspeccionó durante meses a Banco Madrid y concluyó que la entidad pudo ayudar al lavado de dinero, justo antes de que Estados Unidos alertara de su matriz, el andorrano BPA.
Según han explicado fuentes próximas al proceso, el Sepblac tenía puesto el foco en Banco Madrid desde hacía tiempo porque su único accionista tenía sede en Andorra y, además, la entidad se dedicaba al negocio de banca privada, considerado de riesgo alto por la normativa internacional de prevención de blanqueo de capitales.
Por si esto fuera poco, la unidad de inteligencia financiera ya sabía que Banco Madrid estaba implicado en una operación policial contra el crimen organizado ruso y tenía constancia de una presunta participación en el flujo de efectivo objeto de investigación penal.
Por todo esto, en la primavera de 2014, entre abril y mayo, el Sepblac comenzó a investigar a Banco Madrid y a requerir información hasta septiembre de ese año, para estudiarla y elaborar un informe muy exhaustivo en los plazos habituales en este tipo de actuaciones.
La plantilla del Sepblac no se dedicó exclusivamente a este asunto en ese tiempo, pero los inspectores consiguieron terminar su trabajo sobre Banco Madrid el 25 de febrero de 2015, con la emisión de su informe.
A partir de entonces se prepararon los escritos para comunicar a las diversas partes interesadas y otras gestiones administrativas habituales, con lo que el Sepblac pudo remitir a la cúpula de Banco Madrid las conclusiones de su investigación el 9 de marzo, justo un día antes de que Estados Unidos acusara a su matriz de colaborar con el blanqueo de capitales del crimen organizado.
Las conclusiones del Sepblac llegaron también en la víspera de la intervención de Banco Madrid por parte del Banco de España, que propició la dimisión en bloque del consejo de administración de la entidad, el mismo órgano que ya conocía el informe de la unidad de inteligencia financiera y era conscientes de lo que se le avecinaba.
En esa misma semana, el jueves 12 de marzo, el Comité Permanente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, presidido por el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, se reunió y acordó por unanimidad la incoación de un procedimiento administrativo sancionador por infracciones graves y muy graves, basándose en la investigación llevada a cabo en los meses previos por los inspectores del Sepblac.
Un día después, ya el viernes 13, la unidad de inteligencia financiera remitió los hechos al Ministerio Fiscal ante su sospechas de que ciertas operaciones de Banco Madrid pueden ser constitutivas de delito y el informe del Sepblac pasó a convertirse en una prueba de cargo por si se abre la vía penal, con lo que quedó en suspenso el procedimiento administrativo.
