El año arranca con subidas de gas y peajes pero también del salario mínimo

Los precios bajaron hasta el 2,3% en marzo por el abaratamiento de luz y gasolinas
El Indice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en marzo respecto al mes anterior, pero recortó siete décimas su tasa interanual, hasta el 2,3%, registrando su primer descenso en siete meses, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo estadístico, que confirma de este modo el dato interanual avanzado a finales del mes pasado, ha explicado que en el comportamiento de la tasa interanual del IPC de marzo ha destacado la bajada de los precios de la electricidad y de los carburantes, frente a la subida que experimentaron en igual mes de 2016. |Telemadrid

El ejercicio 2018 arranca el próximo lunes con la subida del gas natural, de los peajes de las autopistas y del franqueo de cartas y postales, pero también con la revalorización de las pensiones y el alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Las tarifas de último recurso (TUR) del gas natural subirán una media del 6,2 % a partir del 1 de enero.

En concreto, la TUR 1, a la que están acogidos los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente y cocina, se encarecerá un 4,9 %.

La TUR 2, que emplean consumidores que también tienen calefacción de gas, lo hará un 6,6 %.

Este repunte se debe a la subida de la materia prima, el gas natural, en los mercados internacionales, ya que el Gobierno mantendrá congelada la parte regulada de la factura por cuarto año consecutivo.

El Ejecutivo también mantendrá congelada en 2018 la parte regulada del recibo de la luz, que representa en torno al 60 % de la factura.

Por ello, las eventuales subidas o bajadas se deberán a la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Del mismo modo, el precio de los carburantes dependerá del comportamiento del petróleo, que mantiene su tendencia al alza.

BUTANO SIN VARIACIONES

La bombona de butano arranca el año sin variaciones y seguirá costando 14,45 euros tras subir 30 céntimos en la revisión de noviembre. La próxima revisión está prevista para el tercer martes de enero.

Fuera del ámbito energético, los peajes de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado subirán un 1,91 % a partir del 1 de enero.

El primer día del año no se revisarán los servicios de Renfe sometidos a la obligación de servicio público (Cercanías, Media Distancia, Avant y la antigua FEVE) ni las concesiones de autobuses.

AENA BAJA TASAS AEROPORTUARIAS

En el transporte aéreo, AENA bajará las tasas aeroportuarias un 2,22 %, pero no el 1 de enero, sino el 1 de marzo, de acuerdo con lo establecido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

En telecomunicaciones, Telefónica congela su cuota de abono, que se mantiene en 14,33 euros, un precio que no ha variado desde 2013.

Sí subirá, a partir del 1 de enero, el franqueo de las cartas y tarjetas postales ordinarias con destinos nacionales, que pasará a costar 55 céntimos, cinco céntimos más.

El franqueo de las cartas y tarjetas postales internacionales se encarecerá diez céntimos: las destinadas a países europeos pasarán de 1,25 euros a 1,35 euros, y las que se dirijan al resto del mundo costarán 1,45 euros, frente a los 1,35 euros actuales.

La paquetería nacional subirá un 1,32 % a partir del 1 de enero.

REAVALORIZACION PENSIONES

Al margen de precios y tarifas, el lunes entrará en vigor la revalorización de las pensiones en un 0,25 %, lo que tendrá un coste de 332,37 millones de euros.

También empezará a aplicarse la subida de un 4 % en el Salario Mínimo Interprofesional que pactaron el Gobierno y los agentes sociales. El SMI se situará en 735,9 euros mensuales en catorce pagas (10.302,6 euros anuales).

Los sueldos de los funcionarios quedan de momento congelados a la espera de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

El próximo año se actualizarán los coeficientes de los valores catastrales de 1.830 municipios, aunque de momento no se sabe si se traducirá en una subida del impuesto de bienes

inmuebles (IBI), ya que la decisión corresponderá a los Ayuntamientos.