Bruselas investiga el impuesto de sociedades de Gibraltar por posibles ayudas ilegales

Margallo considera la investigación de la Comisión Europe a Gibraltar "una magnífica noticia"

economia

| 16.10.2013 - 12:54 h
REDACCIÓN

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La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una investigación en profundidad contra el nuevo régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar, introducido en 2010, ante las "dudas graves" de que podría infringir la normativa comunitaria sobre ayudas públicas. Bruselas sospecha que este régimen fiscal podría conceder ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, que no tienen presencia real en el Peñón.

La investigación, lanzada por el departamento de Competencia que dirige Joaquín Almunia, responde a una denuncia presentada por España en junio de 2012, a raíz de la cual el Ejecutivo comunitario ya ha realizado un análisis preliminar. El régimen reduce del 22% al 10% el impuesto de sociedades y según el Gobierno beneficia a las empresas que registran su domicilio fiscal en la colonia pero desarrollan su actividad en España.

Bruselas examinará en particular por qué determinados ingresos pasivos, tales como los cánones y ciertos tipos de intereses, no están sujetos al impuesto de sociedades en Gibraltar. La apertura de la investigación no prejuzga el resultado y da la oportunidad a las partes de presentar observaciones.

En la actual fase de sus pesquisas, el Ejecutivo comunitario considera que esta exención fiscal para los ingresos pasivos de intereses y cánones podría constituir una ayuda estatal porque se aparta del régimen general del impuesto de sociedades. Ello podría conceder una ventaja especial para las empresas que producen este tipo de ingresos.

La Comisión cree que no existe una "justificación válida" para estas exenciones. Gibraltar introdujo ligeros cambios en su régimen el 1 de julio de 2013 para atender a las preocupaciones de Bruselas, pero el Ejecutivo comunitario los ve insuficientes.

Bruselas ya declaró ilegal en 2004 el anterior régimen del impuesto de sociedades de Gibraltar. En 2011, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la decisión de Bruselas y señaló que las medidas concedían ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del impuesto.

CONTROLES FRONTERIZOS Y BLOQUES DE HORMIGON

La apertura de expediente por parte de Bruselas se produce tras la escalada de tensión entre las autoridades españolas y las gibraltareñas el pasado verano a raíz del lanzamiento por parte del Peñón de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, que impiden faenar a la flota española, y el subsiguiente endurecimiento de los controles fronterizos por parte de España.

El Ejecutivo comunitario envió el pasado 25 de septiembre una misión de inspectores a Gibraltar para verificar la legalidad de estos controles y las acusaciones españolas de contrabando, que todavía no ha publicado sus conclusiones. En paralelo, Bruselas examina las denuncias medioambientales presentadas por Madrid contra las autoridades del Peñón.

GARCÍA MARGALLO: UNA MAGNÍFICA NOTICIA

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha dicho que la decisión de la Comisión Europea de investigar a Gibraltar por su impuesto de sociedades "es una magnifica noticia que viene a compensar los esfuerzos que la diplomacia española viene haciendo en este terreno desde hace mucho tiempo". El ministro ha añadido: "espero que termine con un procedimiento de infracción, es decir, que se conmine a Gibraltar a acabar con un régimen que es claramente injusto y claramente perjudicial para las sociedades españolas".

García-Margallo ha explicado que las empresas españolas tienen que pagar "cuando reciben intereses, dividendos y cánones", mientras que las sociedades gibraltareñas no pagan cuando perciben esas mismas rentas. "Esto supone una ventaja comparativa que incide a las sociedades a elegir Gibraltar en perjuicio de España, causando perjuicios al Tesoro y a los trabajadores españoles", ha argumentado.

El ministro se ha felicitado por que la Comisión Europea haya entendido que los fundamentos de la denuncia que planteó España y por la que se abrió una investigación preliminar "eran lo suficientemente sólidos como para abrir este segundo paso, que es una investigación exhaustiva", que espera dé lugar a un procedimiento de infracción.