El Tribunal Supremo ha anulado esta semana dos operaciones de venta de acciones de la salida a bolsa de Bankia, algo que ha alentado a los pequeños ahorradores que acudieron a la oferta, y ha abierto además la puerta a reclamaciones de grandes inversores institucionales.
El Supremo desestimó los recursos interpuestos por Bankia contra dos sentencias que decretaban la nulidad de los contratos de compra de acciones emitidas por la entidad en su salida a bolsa en julio de 2011, al considerar que existió un desfase entre las cifras del folleto informativo y la situación real.
Ello obligará a la entidad a devolver el dinero de dos suscriptores de su oferta pública de acciones, pero, sobre todo, abre la vía a miles de nuevas reclamaciones, y podría ser el pistoletazo de salida para que los inversores institucionales que acudieron a la oferta comiencen también a reclamar.
De momento, el 4 de febrero comienza el primer juicio por la vía civil, por el que 660 personas reclaman la devolución de 6,3 millones de euros que invirtieron en la salida a bolsa. Si un accionista invirtió 100.000 euros en la salida a bolsa de Bankia, ahora podrá reclamar 117.000, es decir, la cantidad invertida menos el valor actual de las acciones (en torno al 1% menos), más el interés legal.
Con el fin de hacer frente al pago de las posibles indemnizaciones a los accionistas, Bankia y su matriz, BFA, anunciaron en diciembre un aumento de la provisión de fondos para causas judiciales de más de 1.000 millones de euros hasta 1.840 millones, con los que hacer frente a demandas que suman unos 820.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba tras conocer la noticia que la entidad está "perfectamente preparada" para hacer frente a las posibles consecuencias de la sentencia, y reiteraba que está "cada vez más claro" que la salida a bolsa fue "un error", como ya dijo en 2012.
Pero desde Zunzunegui Abogados creen que Bankia no ha constituido provisiones para hacer frente al pago de estos grandes inversores, cantidad que podría alcanzar los 1.200 millones de euros.
Según informó Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asumirá el 40% del coste de esas indemnizaciones, mientras que el 60 % restante corresponderá a BFA, participada íntegramente por el Estado y que posee el 64% de Bankia.
Tras conocerse la decisión del Supremo, diversas asociaciones de consumidores se han apresurado a animar a sus afiliados a reclamar; en concreto, Adicae, muy activa en este caso, ha anunciado una "ofensiva judicial" para que los pequeños ahorradores afectados por la salida a bolsa de Bankia, de los que la organización representa a 2.200, "reclamen y recuperen su dinero".
También la OCU ha acogido favorablemente la sentencia, que supone un respaldo a las tesis de la organización y permitirá a los afectados recuperar su dinero; en su caso, representa a 1.400 pequeños accionistas, que invirtieron alrededor de 8,5 millones.
Y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) ha animado a cualquier usuario que comprara acciones entre el 20 de julio de 2011 -fecha de la salida a bolsa de Bankia- y el 20 de mayo de 2012 -cuando la entidad fue intervenida- a reclamar.
Y es que, recuerda la Ceaccu, no hay vía administrativa o arbitraje, ni la sentencia del Supremo supone que la devolución del dinero sea "automática" a todos los afectados, a no ser que éstos demanden a Bankia.
En lo único en lo que discrepan estas organizaciones de consumidores es en el plazo con el que cuentan los ahorradores para presentar su reclamación.
Ceaccu y Apabanc advierten de que el "único escollo" para que la reclamación prospere es que el procedimiento judicial prescriba, por lo que "es importante" que la demanda esté presentada antes de mayo de 2016, fecha en la que se cumplen cuatro años desde que el nuevo equipo gestor de Bankia notificó la reformulación de cuentas.
Adicae, por su parte, desmiente este punto y ha aclarado que "cualquier afectado" podrá reclamar su dinero a Bankia más allá de esa fecha.
