El secretario de Formación del PSOE, Rafael Simancas, cree que el "fiasco" financiero exige responsabilidades, incluso de cárcel, aunque también ve necesario analizar las causas políticas de la crisis bancaria, cuyo origen sitúa en una normativa deficiente y en una labor negligente del Banco de España.
Simancas se expresa en estos términos en un artículo que publica hoy en la edición digital de la revista "Temas", cuyo consejo de redacción preside Alfonso Guerra, en el que deja claro que "alguien tiene que pagar este desaguisado".
La ciudadanía y la propia institucionalidad democrática requieren una investigación rigurosa, el establecimiento claro de las causas del problema y una asunción drástica de responsabilidades, subraya Simancas, antes de apostillar: "Mándese a la cárcel a quienes lo merezcan".
Ahora bien, el dirigente socialista ve inaplazable un análisis político sobre las causas de fondo de la crisis bancaria y apunta que la mala gestión tuvo su origen, entre otros, "en una legislación deficiente y en una labor negligente por parte del Banco de España", dirigido hasta hace unas semanas por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
"Las malas decisiones -opina- tuvieron también su raíz en los mandatos de administradores públicos con poco tino y manga ancha".
Desde su punto de vista, la razón última del "agujero" bancario no hay que buscarla sólo en el comportamiento de los gestores financieros, "doloso o no doloso", sino que también ha faltado una regulación preventiva eficaz, ha habido fallos de inspección por parte del regulador y se han dado "presiones indebidas" por parte de gobiernos centrales y autonómicos.
Cree por eso que fallaron algunas cajas y algunos bancos, así como los políticos y los "supuestos profesionales", como el anterior presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, consejero en Caja Madrid durante muchos años, o el actual vicepresidente de la patronal, Arturo Fernández, imputado por la Audiencia Nacional junto a otra treintena de exconsejeros.
Un "escándalo" de esta dimensión no puede saldarse, a su entender, con un "mea culpa general y la exoneración práctica de aquellos que han tenido una participación evidente en el desastre".
En opinión de Simancas, "la cerrazón" del PP a llevar a cabo una investigación parlamentaria ha puesto los focos en la vía judicial, que permitirá esclarecer si hubo apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de cuentas o administración desleal.
Y si puede probarse, "los autores han de pagar con la cárcel", constata.
No obstante, para Simancas, el lugar más adecuado para analizar eficazmente estos extremos, fijar las responsabilidades políticas pertinentes y adoptar decisiones que lleven a solucionar los problemas y prevenir crisis futuras es el Congreso.
Así las cosas, hace hincapié en la necesidad de que el Gobierno y el PP rectifiquen su negativa "cada día más ininteligible" a que se investigue en el Parlamento.
