Madrid, la comunidad con menor tributación para los ciudadanos

La Comunidad de Madrid tiene la tarifa del Impuesto sobre la Renta (IRPF) más baja de todo el territorio común, según ha destacado hoy el Consejo General de Colegios de Economistas de España en su informe "Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2014". Los economistas reflejan en su informe la fotografía sobre los tributos cedidos y los propios de las autonomías del régimen común y resumen del sistema tributario de los territorios forales, así como las novedades fiscales para 2014, entre las que destacan que modifican su tarifa de IRPF Cantabria, Extremadura, Galicia y Madrid.

En el impuesto de sucesiones, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que tenían una tributación simbólica para los parientes más próximos, vuelven a hacerles tributar en cierta medida, mientras que en el de donaciones, la Comunidad Valenciana sustituye la bonificación del 99 % para los familiares cercanos por otra del 75 %, lo que atribuyen a la crisis.

En la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, Madrid baja el tipo general del 7 al 6 % y la Comunidad Valenciana lo sube del 8 al 10, en tanto que en los impuestos sobre actos jurídicos documentados, Madrid rebaja del 1 al 0,75 % y la Comunidad Valenciana lo sube del 1,2 al 1,5 %.

En el impuesto sobre el patrimonio, aprecian que se ha legislado menos que en otros y algunas -Andalucía, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia- lo han subido, mientras que en Madrid está "totalmente bonificado".

De acuerdo con el informe, las comunidades autónomas cuentan ya con 70 tributos propios, aunque su recaudación les supone un bajo porcentaje de sus ingresos tributarios, menos del 2 % del total y, por alguno de ellos, no se llega a percibir ni lo que cuesta gestionarlos.

EL SISTEMA ADOLECE DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD

Según estos profesionales, el sistema de financiación autonómico adolece de transparencia y equidad; es complejo y poco transparente, sin que "la pretendida" corresponsabilidad fiscal sea efectiva.

El catedrático de Hacienda Pública y asesor del Consejo, Luis Caramés, ha señalado que el principio de corresponsabilidad fiscal no se puede cumplir, a pesar de la amplitud de la capacidad normativa de las autonomías, porque de la recaudación de los impuestos cedidos y debido a los distintos Fondos no queda en cada región más de un 25 %, ya que el resto se reparte según diferentes criterios.

Los expertos consideran que la técnica legislativa de la mayoría de las comunidades es "muy cuestionable", porque se "legisla mucho", se modifica a menudo y los tipos reducidos, reducciones, bonificaciones o deducciones se condicionan a "multitud" de requisitos, que son variables en el tiempo.

Para los expertos, la gestión tributaria que hacen las autonomías es muy diferente de unas a otras, lo que repercute en el contribuyente que tienen que asumir los costes que ello supone.

La forma de legislar, añaden, difiere, pero, en general, adolece de los siguientes defectos: es muy farragosa y se modifica muy a menudo, por lo que el contribuyente la desconoce y tiene "un difícil control" de los beneficios fiscales, al estar condicionados a "múltiples requisitos" que, en muchos casos, se deben cumplir durante años después de aplicarlos.

Respecto al nuevo sistema de financiación autonómica que, en breve, emprenderá el Gobierno, Caramés ha opinado que se debería reconducir la división entre régimen foral y común, para evitar el tratamiento asimétrico que redunda "objetivamente en situaciones de privilegio".

En su opinión, habría que acabar con las diferencias "significativas" de financiación per cápita, ajenas a "cualquier racionalidad" ligada a las necesidades de gasto.

Precisa que la diferencia entre necesidades de gasto y recursos de las autonomías intenta cubrirse con un sistema de subvenciones o transferencias o a través de los diferentes fondos.

Caramés afirma que tendría que desaparecer el axioma de que con el nuevo sistema de financiación ninguna autonomía pierde y todas ganan, como ha primado en las anteriores negociaciones de cada nuevo modelo.

En cuanto a qué tributos y capacidad normativa deberían cederse, señala que es difícil ampliar el abanico actual.