El Gobierno plantea rescatar las autopistas tras una quita a la banca de hasta el 50%

El Gobierno ha propuesto rescatar a la decena de autopistas de peaje que están en riesgo de quiebra integrándolas en una empresa pública, pero para ello plantea que los bancos acreedores de las vías realicen una quita de hasta el 50% en la deuda que soportan.

De esta forma, la nueva sociedad pública de autopistas sólo reconocería a los bancos unos 2.400 millones de deuda del total de 3.800 millones de deuda financiera que actualmente suman las vías, según fuentes del sector.

Además, los 2.400 millones de euros de deuda con que se constituiría la nueva empresa nacional de autopistas se convertirían en un bono con vencimiento a treinta años y con una rentabilidad del 1%.El recorte en el volumen de deuda reconocido arroja una quita del 36%.

A ella es preciso sumar la quita adicional implícita que supone alargar el plazo de vencimiento de este pasivo hasta los treinta años, lo que eleva hasta el 50% la quita total a la banca que financió las autopistas.

El Estado asumiría además la deuda de hasta 1.200 millones de euros a la que las autopistas pueden tener que hacer frente por los pagos aún pendientes de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron.

Este es el proyecto de rescate de autopistas que representantes del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Hacienda han planteado a los seis grandes bancos y a la patronal de constructoras y concesionarias Seopan en la reunión mantenida en la mañana de este martes.

Fuentes oficiales del Ministerio de Fomento confirmaron la celebración de la reunión, sobre la que sólo indicaron que "el Gobierno ha realizado una propuesta sobre la que se seguirá trabajando".

BANCOS Y EMPRESAS DEBEN RESPONDER EL LUNES

Fomento y Hacienda han dado de plazo hasta el próximo lunes, 31 de marzo, a los bancos y las constructoras que actualmente tienen en concesión las autopistas para que decidan si aceptan este modelo, según informaron en fuentes del sector.

El Gobierno finalmente ha optado por el proyecto de sociedad pública de autopistas para solucionar el problema de estas vías, en vez de abordar su liquidación, pero con estas condiciones a los bancos. Con ello, se busca evitar que la nueva empresa pública impacte en las cuentas públicas, sobre todo en el déficit.

También se pretende que la sociedad nazca con un menor coste por servicio de la deuda y una mayor viabilidad y, por tanto, un menor riesgo de que la UE la considerara como ayudas de Estado.

La banca acreedora de las autopistas ve esta solución como "la menos mala" frente a la alternativa de la liquidación de las vías. Según apuntaron dichas fuentes, la quita de deuda que el Estado plantea tendría un "impacto neutro" en las cuentas de las entidades acreedoras de las vías, dado que ya tienen este pasivo provisionado.

No obstante, aún queda pendiente de definir el pago de los alrededor de 470 millones de euros que la Administración debe a las concesionarias de las autopistas por las modificaciones que incluyeron en sus proyectos de construcción.

COMPRARIA EL 22% DE LA RED DE PAGO

En virtud del modelo propuesto, la nueva empresa pública de autopistas sería finalmente 100% titularidad del Estado, y no cederá un 20% del capital a las concesionarias de las vías, tal como se planteó en un principio.

La empresa nacional de autopistas, que debe aprobarse por Real Decreto, integraría a nueve empresas concesionarias que suman 748 kilómetros de autopistas, alrededor de una quinta parte (el 22%) de la actual red de pago, además de algunas vías libres de tasas como la M-50 de Madrid.

En concreto, abarcará a las cuatro radiales de Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante.

SEOPAN VE EXCESIVA LA QUITA DEL 50% EN LA PROPUESTA DE RESCATE DE AUTOPISTAS

El presidente de Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras y ahora concesionarias de peaje, Julián Núñez, ha apuntado hoy que la propuesta del Gobierno para rescatar las autopistas, y que contempla una quita del 50%, es "excesiva" a la vez que ha señalado el escaso margen de negociación.

"Es una quita sobre otra quita del 50% que se hizo en 2010, es excesivo pero tenemos que estudiar esta alternativa y responderemos cuando acabe el plazo", ha declarado Núñez en las Jornadas Fidex sobre ingeniería y eficiencia.

ROSELL CREE QUE LA QUITA DEL 50% DE LAS AUTOPISTAS NO ES LA MEJOR SOLUCIÓN

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha dicho que la quita del 50% de la deuda de las autopistas de peaje que plantea el Gobierno para evitar su quiebra "no parece una de las mejores soluciones posibles". En una entrevista en la Cadena Ser, el presidente de la patronal ha considerado que le habría "gustado" una medida parecida para otros sectores que han pasado por una situación similar.

El Gobierno ha ofrecido a la banca acreedora de las empresas concesionarias de nueve autopistas de peaje con problemas económicos una quita del 50% de la deuda, que asciende a 4.600 millones de euros, y la creación de una empresa de capital cien por cien público para aglutinar esas vías.

ALMUNIA PIDE QUE SE INFORME CON DETALLE A BRUSELAS ANTES DE ADOPTAR UNA DECISIÓN

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha pedido este miércoles a la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante una conversación telefónica que informe en detalle al Ejecutivo comunitario antes de adoptar una decisión definitiva sobre el rescate de las nueve autopistas de peaje en riesgo de quiebra. "El vicepresidente Almunia ha recibido una llamada de la ministra esta tarde y le ha pedido que las autoridades españolas informen a la Comisión antes de adoptar una decisión sobre este asunto", ha explicado a Europa Press el portavoz de Competencia, Antoine Colombani.

El Ejecutivo comunitario no ha estado involucrado hasta ahora en la elaboración del plan de rescate de las nueve autopistas, según han explicado fuentes europeas.

Bruselas debe determinar si el plan del Gobierno español supone una subvención estatal y, en caso positivo, examinar si las medidas se ajustan a las normas de la UE sobre ayudas públicas. Si no es así, Bruselas podría vetar el rescate u obligar a modificarlo.