El Gobierno ha admitido hoy que su segunda reforma financiera se tramite en el Congreso de los Diputados como proyecto de ley, como había pedido la oposición, lo que ha permitido su convalidación con la abstención del PSOE y CiU, que ahora pueden presentar enmiendas.
El decreto ley de saneamiento de los activos inmobiliarios de la banca ha sido convalidado en el Congreso tras recibir 178 votos a favor de PP, Coalición Canaria y UPN, 123 abstenciones de PSOE y CiU y 28 votos en contra.
La tramitación del texto como proyecto de ley se ha aprobado por unanimidad.
Durante el debate en el Congreso, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya se mostraba dispuesto a que la norma se tramitase como proyecto de ley con el objetivo de que el PSOE no votara en contra y se abstuviera.
A cambio, el partido socialista pedía el compromiso de que el texto incluyera una garantía de que "ni un euro público se va a perder" con el rescate de las entidades, tal y como explicaba el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Además, el PSOE quiere que el texto considere no sólo la situación de los bancos sino también de las familias, las necesidades de crédito de las pymes, o los ahorradores que compraron participaciones preferentes y que buscan una solución a sus problemas.
El principal grupo de la oposición también espera que el Gobierno convoque una conferencia de presidentes de comunidades autónomas para debatir sobre sanidad y educación, y no sólo sobre el sistema financiero.
El real decreto convalidado en el Congreso exige a las entidades españolas aumentar sus provisiones en unos 28.000 millones para cubrir el riesgo de sus activos inmobiliarios teóricamente sanos, después de que hace tres meses se obligara a atesorar unos 54.000 millones para los activos problemáticos.
Y ante las dudas entre los parlamentarios de si será suficiente, de Guindos ha dicho que en un mes se conocerán las necesidades de financiación de la banca española, aunque no será hasta finales de julio cuando concluya la auditoría del conjunto de las entidades.
El titular de Economía ha explicado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicará el 11 de junio las conclusiones de su estudio sobre la banca española.
En esa fecha aparecerán unas necesidades de capital del sector financiero español, y una semana más tarde, aproximadamente, las dos consultoras contratadas por el Ministerio de Economía y el Banco de España para evaluar la banca española terminarán su labor.
De ese modo, a finales de junio se conocerán las necesidades de financiación del sistema financiero, aunque las auditoras que se contratarán en breve seguirán evaluando el balance de los bancos españoles para terminar su trabajo a finales de julio.
Pero esta estrategia ha recibido críticas por parte de algunos diputados, como Pedro Azpiazu, del PNV, quien considera que con ello se demuestra que el Gobierno no se fía del Banco de España ni tampoco de los informes de auditoría de las entidades elaborados por las mismas compañías a las que ahora se les encarga el análisis.
Aunque, sin duda, las críticas mayoritarias se han centrado en el grupo BFA-Bankia, porque varios representantes políticos han señalado que la ciudadanía no entiende que se rescate una entidad mientras se recorta el presupuesto en sanidad o educación.
Coalición Canaria y BNG han planteado como una oportunidad la creación de una banca pública con todas las entidades nacionalizadas, cuyas subastas parecen difíciles en este momento tal y como ha advertido el PNV.
En lo que sí han coincido todos los grupos es en volver a pedir que se expliquen las razones que han llevado a la nacionalización de Bankia y que se depuren responsabilidades.
