Europa acuerda aportar 7.300 millones extra para cubrir el déficit en 2013

Los ministros de Economía de la UE han alcanzado este martes un acuerdo político para aportar 7.300 millones de euros extra al presupuesto de 2013 con el fin de cubrir parte de los compromisos de pago pendientes hasta finales de año en ayudas regionales y otras facturas.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha celebrado el acuerdo y ha dicho que "de esta cantidad podemos esperar que más de un 15% se destine a España".

La aprobación de esta partida extra era una de las condiciones exigidas por la Eurocámara para desbloquear las negociaciones sobre el marco financiero de la UE para el periodo 2014-2020. Las negociaciones comenzaron finalmente este lunes y la presidencia irlandesa espera un acuerdo de aquí a junio.

Bruselas había pedido un total de 11.200 millones para cubrir todo el déficit de 2013. El Ecofin ha decidido aplazar el debate sobre el segundo tramo de esta cantidad hasta el otoño, cuando las necesidades financieras reales estén más claras.

El presupuesto de la UE de 2013, tal y como fue acordado el año pasado por el Consejo y la Eurocámara, asciende a 132.000 millones de euros en compromisos de pago. El Ejecutivo comunitario ya avisó entonces de que esta cantidad se quedaba corta para pagar todas las facturas pendientes.

PROTECCION DE LOS DEPOSITOS

Por otra parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido este martes durante el Ecofin que "todos los depósitos estén adecuadamente protegidos" en caso de quiebra o reestructuración bancaria y ha considerado "artificial" la distinción entre las cuentas superiores y las inferiores a 100.000 euros, las únicas actualmente garantizadas.

"Si un banco sufre una fuga de los depósitos superiores a 100.000 euros, los demás también sufrirán", ha alegado Guindos durante el debate sobre la nueva directiva de resolución bancaria, cuyo objetivo es que sean los accionistas y acreedores y no los contribuyentes los que paguen los costes de futuras crisis financieras.

España ha sido el único país que ha pedido la exclusión total de los depositantes de futuros rescates en un debate que ha puesto de relieve la división entre los Veintisiete sobre esta materia. En lo que sí son unánimes los ministros tras el fiasco del rescate de Chipre es que los depósitos por debajo de 100.000 euros son "sacrosantos" y no se tocarán en ningún caso.

La Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) han pedido que se dé una "preferencia a los depositantes" de más de 100.000 euros. Ello significa, según el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, que "sólo se tocarán en caso extremadamente limitados" y "serán preservados en la mayoría de los casos".

Los primeros en asumir pérdidas serán los accionistas, seguidos de los tenedores de preferentes y deuda subordinada y los bonistas sénior, según la jerarquía defendida por el representante alemán en el directorio del BCE, J÷rg Asmussen. Los grandes depositantes sólo contribuirían "como último recurso", cuando el resto haya agotado su capacidad de asumir pérdidas.

La opción de dar a los grandes depositantes un estatus "preferente" ha logrado un "considerable apoyo" entre los ministros, según ha dicho el presidente del Ecofin, Michael Noonan. No obstante, otras delegaciones como Alemania, Francia, Holanda o Dinamarca, han defendido que los grandes depositantes se sitúen al mismo nivel que los bonistas sénior a la hora de asumir pérdidas.

En todo caso, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schõuble, se ha mostrado dispuesto a dar preferencia a los grandes depositantes si esta es la vía de consenso. En contraste, su homólogo francés, Pierre Moscovici, ha dicho que la preferencia "no es una buena solución" porque "deformará la estructura de los balances bancarios en beneficio de los depósitos, más volátiles que los bonos en caso de crisis".

El segundo punto de discrepancia entre los Veintisiete es si hay que dar o no flexibilidad a las autoridades nacionales de resolución para excluir de las quitas a determinados actores, como los depositantes, por razones de estabilidad financiera. Esta ha sido la postura de Francia, mientras que Austria ha reclamado la máxima armonización para garantizar la igualdad de trato entre los Estados miembros y la seguridad jurídica.

También Guindos ha pedido una armonización máxima en el nuevo sistema "evitando la fragmentación del mercado introduciendo elementos discrecionales en la directiva". "Cualquier flexibilidad sólo la puede aplicar una institución europea", ha sostenido.

España está entre la mayoría de países que ha reclamado retrasar la entrada en vigor del nuevo sistema de quitas para los acreedores hasta 2018. Sin embargo, tanto el BCE como el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, han pedido adelantarla a 2015.

La presidencia irlandesa se ha comprometido a tratar de lograr un acuerdo sobre la nueva directiva en el próximo Ecofin de junio. Guindos ha dicho que esta norma es un "elemento esencial" de la unión bancaria, pero "no puede sustituir a los otros dos pilares": la creación de una autoridad única de resolución y de un sistema común de garantía de depósitos. Todas estas piezas deben negociarse "en paralelo".

Agregó que no espera nuevas recomendaciones de parte de la CE el próximo 29 de mayo cuando ésta publique el resultado del análisis de los planes de reformas y de estabilidad.

"Esperamos que a finales de este mes se diga que tanto la política fiscal comprometida por España como las reformas económicas que se han incluido en nuestro plan de reformas son las adecuadas para continuar con el esfuerzo de ajuste, con el esfuerzo de reconducción de la economía española", indicó el ministro.