Aprobado el decreto de becas que incluye a menores víctimas de abuso sexual y reduce el grado de discapacidad para acceder a ellas
- La cuantía destinada a las becas será la misma que el curso anterior, 2.500 millones de euros, debido a la prórroga de los PGE de 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025, que incluye por primera vez a menores víctimas de abuso sexual y reduce el grado de discapacidad.
"Es una medida importantísima para cientos de miles de familias de España que avanza claramente hacia esa igualdad de oportunidades, especialmente pensnado en nuestros jóvenes y, sobre todo, impidiendo que los jóvenes estudiantes tengan que abandonar su formación y sus estudios por condiciones socioeconómicas", ha manifestado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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Por recomendación del Consejo de Estado, el decreto, recogido por Europa Press, incluye por primera vez que se extiendan los supuestos de flexibilización de los requisitos académicos aplicables a las víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual menores de edad.
En este sentido, el decreto señala que, a las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas menores de 25 años y las personas menores sujetos a su tutela o guardia y custodia no les serán de aplicación los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2023-2024, ni el límite del número de años con la condición de beneficiario de becas, ni la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos o su equivalente en horas en el curso 2024-2025 para el que hayan resultado beneficiarias de la beca. Estas peculiaridades también se aplicarán a las personas menores de edad que acrediten la condición de víctima de violencia sexual.
Asimismo, el próximo curso el grado de discapacidad exigido para acceder a las ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo se reducirá del 33% al 25% en la convocatoria de becas del curso 2024-2025.
La convocatoria de becas vuelve a incluir una ayuda complementaria de 400 euros dirigida a personas que presentan una necesidad específica de recibir apoyo educativo derivado de las siguientes situaciones: Discapacidad; trastorno grave de conducta o de la comunicación y del lenguaje; trastorno del espectro autista; o altas capacidades. También mantiene el incremento de la beca de residencia (de 1.600 a 2.500 euros) introducido el curso pasado.
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La ayuda de 400 euros es una ayuda universal para todos aquellos alumnos que tengan necesidades especiales educativas. Damos un paso más en la buena dirección para seguir trabajando hacia la igualdad de oportunidades", ha puntualizado Alegría.
El real decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2024-2025, fija para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad, y por razones de seguridad jurídica, un grado mínimo del 25% para acceder a las ayudas.
Dicho porcentaje supone al menos una discapacidad moderada, asociada a la necesidad de apoyos significativos y estables. En cursos anteriores han sido directamente las convocatorias anuales las que han establecido la forma de acreditar la necesidad específica de apoyo asociada a discapacidad, que se fijó desde el curso 2020/2021 en el 33%.
"Un niño o una niña con necesidades especiales educativas para poder recibir esa beca tenía que establecer o garantizar un 33% de discapacidad y, en este momento, hemos reducido ese requisito al 25% para que aquellos jóvenes con discapacidad moderada puedan también recibir esta ayuda", ha dicho la responsable de Educación.
Otra de las novedades que incluye este año el decreto de becas, dirigido a estudios universitarios y no universitarios, es que se añaden a las exclusiones en el cómputo de los rendimientos patrimoniales los gastos derivados del alquiler de la vivienda habitual.
