Villar defiende al exalcalde de Las Rozas en el caso de la Ciudad del Fútbol

Declara que fue "una gran gestión del alcalde y los concejales"

Bonifacio de Santiago aseguró que los pasos se dieron conforme a los informes de los técnicos

deportes

| 15.04.2015 - 14:42 h
REDACCIÓN

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El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, ha asegurado ante el juez que el exalcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago cumplió con sus obligaciones legales en la tramitación de la concesión de los terrenos de la Ciudad del Fútbol que actualmente ocupa la RFEF.

Villar y el secretario general de la RFEF, Jorge Pérez, declaran como testigos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el juicio contra el exalcalde de Las Rozas, dos ediles y cinco exconcejales por presuntamente no ejecutar una sentencia sobre la Ciudad del Fútbol.

La apertura de la vista oral, que comenzó ayer con la declaración de los imputados, se produjo tras la instrucción de una querella que la Fiscalía presentó en marzo de 2014 contra la Junta Municipal por no ejecutar el fallo que obligaba a devolver al municipio los suelos cedidos a la RFEF para construir el complejo.

A preguntas de la fiscal, Villar ha asegurado que el Ayuntamiento de Las Rozas ha realizado una "gran gestión" y que el anterior regidor cumplió con su obligación, puesto que, tras la sentencia, el Ayuntamiento inscribió los terrenos en el Registro de la Propiedad a su nombre y la RFEF perdió la titularidad de los suelos.

Tras el fallo, ha explicado el presidente de la RFEF, la federación solicitó al Ayuntamiento una autorización provisional demanial, porque así se lo indicaron sus servicios jurídicos, para continuar con la actividad del complejo.

Según Villar, esta actividad es legal, según los servicios jurídicos de la RFEF, aunque no es una solución "definitiva".

El Ayuntamiento concedió la autorización y la RFEF se comprometió a colaborar con el consistorio porque son "compañeros de viaje", en palabras de Villae, en la utilización de las instalaciones.

Tras ser preguntado por uno de los abogados de la defensa, Villar ha afirmado que el TSJM no pidió a la RFEF que desalojaran la Ciudad del Fútbol ni informes sobre el uso que el Ayuntamiento estaba haciendo de ellas.

Villar ha dicho además que actualmente la federación tiene una concesión administrativa por 75 años.

Por su parte, el secretario de la RFEF, Jorge Pérez, ha declarado que estos asuntos son "farragosos" y que los responsables de la federación se limitaron a hacer lo que les indicaron los asesores jurídicos.

BONIFACIO DE SANTIAGO SE DEFIENDE

El exalcalde Bonifacio de Santiago manifestó que no dio entonces ni un solo paso sin que estuviera aprobado o consensuado por los técnicos municipales. Y aseguró que él solo mantuvo conversaciones coloquiales sobre el tema con personas de la Federación, dado que las negociaciones las llevaban los abogados.

En su declaración, Villar ha defendido la labor del Ayuntamiento y ha explicado que la Federación solicitó al Consistorio una autorización provisional para el uso de los terrenos cedidos, siendo concedida. "El alcalde cumplió con su obligación", ha reseñado, añadiendo que entendía que los trámites que se llevaron a cabo por la Junta eran "una solución legal". ERRORES EN LA GESTION

En la vista ha comparecido el secretario del Ayuntamiento de Las Rozas, quien entonces elaboró un informe para que "quedara clara que había una autorización provisional", advirtiendo de que si no había finalmente una autorización definitiva habría que desalojar a la Federación".

Sobre la gestión, ha dicho que hubo errores, hablando incluso de que fue "un desastre". A preguntas sobre si los ediles siempre seguían los informes técnicos, ha replicado que a veces se apartaban de lo indicado.

"Modificar hubiera sido mucho mejor y dejarlo como suelo patrimonial y así se hizo después. Peor fue un gran error del Ayuntamiento el querer meter muchas cosas y la Comunidad de Madrid no quiso aprobarlo", ha recalcado.

El caso tiene su origen en una querella de la Fiscalía de Madrid contra la Junta Municipal. Los imputados hicieron caso omiso a la sentencia de 2004 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM que les obligaba a anular el acuerdo que cedió en 1998 una parcela de 120.000 metros cuadrados y 18.000 metros de edificabilidad a la Real Federación Española de Fútbol.

HECHOS JUZGADOS

Los hechos se remontan al año 2008, cuando Bonifacio de Santiago Prieto, como alcalde, da traslado a la Sala de las medidas adoptadas para cumplir la sentencia, que en absoluto se ajustan a lo exigido.

La Sala le requirió para que procediera a la verdadera ejecución, recordándole el uso público del suelo objeto de la donación anulada y apercibiéndole de que se abstuviera de realizar cualquier otro acto de gravamen que introduzca en el uso, posesión o disfrute de la finca donada a terceras personas, prohibiendo y no consintiendo el uso privativo por terceros de las instalaciones de la ciudad del fútbol.

Pese a la seria advertencia, en diciembre de 2008 la Junta Municipal acuerdó prorrogar la autorización demanial provisional a la Real Federación Española de Fútbol hasta junio de 2009, y en junio de ese año, tras alcanzar firmeza la sentencia, la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid responsabilizó personalmente al alcalde de la ejecución de la sentencia.

Así, le concedió un plazo improrrogable de 60 días para iniciar los trámites del artículo 78 y siguientes del RBCL para otorgar la concesión demanial conforme a derecho, con apercibimiento de multa y de dar traslado al Ministerio Fiscal por un posible delito de desobediencia.

Ese mismo mes, haciendo caso omiso, la Junta Municipal reseñada prorroga nuevamente la autorización demanial provisional a la Real Federación Española de Fútbol.

En junio de 2013, el TSJM dedujo testimonio por los posibles delitos de desobediencia y prevaricación, y da traslado a la Fiscalía haciendo constar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento de Las Rozas en junio de 2008 pretende burlar lo ordenado en sentencia y la normativa reguladora de la concesión administrativa.