El 'Caso Neymar' se traslada a Barcelona como quería el Barça

La Audiencia Nacional estima, en contra de la opiniónd el juez y del fiscal, los recursos de apelación de Bartomeu, Rosell y el propio club

Dice que el delito de administración desleal se habría cometido en las cuentas del club y que el fraude fiscal no es "excesivo"

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra el delantero brasileño Neymar da Silva, sus padres, el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, su predecesor, Sandro Rosell y, como personas jurídicas, al FC Barcelona y al Santos por estafa y corrupción en los negocios.

deportes

| 22.05.2015 - 10:12 h
REDACCIÓN

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La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido que la causa en la que se investiga el presunto fraude fiscal cometido en el fichaje del brasileño Neymar por el Fútbol Club Barcelona se juzgue en los tribunales de la capital catalana.

En un auto dictado este viernes, los magistrados estiman los recursos de apelación planteados por el presidente del Barça, Josep María Bartomeu; su antecesor en el cargo, Sandro Rosell; y el propio club como persona jurídica, y revocan el auto del juez Pablo Ruz en el que señalaba que la competencia para investigar estos hechos correspondía a la Audiencia Nacional.

Los jueces Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Fermín Echarri explican que "los fondos distraídos fraudulentamente" que justificarían la comisión de un delito de administración desleal por parte de Rosell se encontraban en las cuentas del club en Barcelona, por lo que es en la ciudad condal donde se produjo el delito, "con independencia del destino", en referencia a Brasil.

"No es el acto de disposición lo que consuma el delito sino el resultado derivado de dicha conducta traducido en el perjuicio económico evaluable, con independencia del destino de aquellos", argumenta el tribunal en el auto antes de añadir que "la intervención de los sujetos de nacionalidad española en el extranjero, en este caso Brasil, resultaría intrascendente".

NO AFECTA A LA ECONOMIA NACIONAL

En relación con los tres delitos contra la Hacienda Pública imputados a Rosell, Bartomeu y el Barça, la Sala señala que, aunque el supuesto fraude ascendería a 13 millones de euros y la jurisprudencia del Supremo sitúa la competencia de la Audiencia Nacional a partir de los siete, las tres infracciones son conexas al delito de administración desleal, cuya investigación correspondería a un juzgado de Barcelona.

A su juicio, la cuantía supuestamente defraudada "tampoco parece excesiva" y los hechos no han producido "ni grave repercusión en la economía nacional o en la seguridad del tráfico mercantil", lo que atribuiría la competencia para investigar los hechos a la Audiencia Nacional.

APERTURA DE JUICIO ORAL

La defensa de Rosell solicitó a la Sala que suspendiera la tramitación de la causa en tanto resolviera este recurso, lo que provocaría la "nulidad" de los actos procesales dictados a posteriori, entre ellos el auto de apertura de juicio oral que el juez José de la Mata, instructor del caso en sustitución de Ruz, dictó el pasado 13 de mayo.

Sin embargo, el tribunal señala que la suspensión de la causa no se acordó "ni en sede de instrucción ni en esta alzada", por lo que la petición de nulidad planteada por la parte "carece de contenido material, lo que hace innecesario un pronunciamiento al respecto".

HASTA SIETE AÑOS DE CARCEL

El fiscal José Perals pide que Bartomeu sea condenado a dos años y tres meses de cárcel y Rosell a siete años y medio, al tiempo que reclama que los dos mandatarios y el propio club abonen multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.

En concreto, atribuye a Bartomeu un delito fiscal supuestamente cometido en 2014 y pide para él una multa de 3,8 millones de euros, mientras que acusa a Rosell de dos delitos fiscales cometidos en los años 2011 y 2013 -por los que pide sendas multas que ascienden a 25,1 millones--así como un delito societario.

Al Barça como persona jurídica le imputa los tres delitos contra la Hacienda Pública atribuidos a sus dirigentes y reclama que pague multas por valor de 22,2 millones de euros, a razón de 4,8 por lo que dejó de tributar en 2011; 13,5 por los impagos correspondientes a 2013; y 3,8 por los relativos al ejercicio fiscal de 2014.

De la Mata cifró el coste del traspaso en 83,3 millones de euros, en contra de lo defendido por Rosell, que aseguró que la operación se hizo por 57,1 millones. La Fiscalía elevó el coste del traspaso a 94,8 millones de euros.

En su auto, señalaba que las cifras reales del fichaje fueron "ocultadas" por Rosell a la Asamblea General del Barça, lo que "ocasionó un perjuicio económico al club al no incluir en la contabilidad como activo al inmovilizado intangible deportivo las cantidades reales de adquisición del jugador".