El vertedero de Alcalá se cierra desde hoy para los residuos de empresas

Vertedero de Alcalá

01.03.2016 - 14:47 h
REDACCIÓN

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El vertedero de Alcalá de Henares, donde depositan en la actualidad la basura 27 municipios de la zona este de Madrid, rechazará desde hoy los residuos de empresas con el objetivo de aumentar su capacidad de almacenamiento, cuyo límite se alcanzará en 2018 e implicará el cierre de la instalación.

La decisión fue adoptada el pasado diciembre en el seno de la Mancomunidad del Este, entidad encargada de la gestión de los residuos del Corredor del Henares, y cuya presidencia ostenta durante esta legislatura el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez.

Respecto a la medida, la Asociación de Empresarios del Henares (Aedhe), ha solicitado a la Mancomunidad del Este una moratoria que permita a los usuarios afectados por la prohibición encontrar una alternativa, que podría pasar por el vertedero situado en la localidad de Valdilecha.

"Hemos trasladado en una reunión mantenida al edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto Ejido, la necesidad de sentar a todas las partes implicadas y tratar de alcanzar una solución", ha señalado la patronal en una nota.

La modificación del tipo vertidos aceptados en el vertedero rebajará de 250.000 a 200.000 las toneladas de basura acumuladas al año y permitirá retrasar en ocho meses el sellado del quinto vaso del vertedero, según el Ayuntamiento de Alcalá.

Como contrapartida, la restricción de vertidos a empresas implicará menores ingresos para costear las instalaciones del vertedero.

La Mancomunidad del Este ha justificado la decisión para ganar tiempo en la búsqueda de un recambio a las instalaciones de Alcalá, tras el fuerte rechazo social provocado por la planta de residuos proyectada en Loeches, cuya construcción está hoy en el aire.

La decisión de ubicar una planta de residuos en ese municipio fue adoptada en 2014 con el respaldo de la mayoría absoluta del PP y en medio de la protesta de numerosos vecinos, así como de los partidos de la oposición, que denunciaron las supuestas consecuencias negativas del proyecto para la salud de los ciudadanos y el medio ambiente.