África. Un continente donde la mera condición de homosexual es considerada delito nada menos que en 37 países. Según en qué zonas del continente, los africanos homosexuales son discriminados, torturados, mutilados y encarcelados sólo por su orientación. En algunos países esa orientación conlleva una muerte segura.
Esta situación se está agravando especialmente en Uganda, donde la legislación se ha endurecido hasta tal punto que existe una proposición de ley que defiende que cualquiera sobre el que se demuestre fehacientemente su condición de homosexual será condenado a cadena perpetua. Esta semana, Treinta Minutos ofrece un reportaje de la BBC que desvela precisamente la situación de persecución sistemática que se vive en Uganda, considerado como “El peor sitio del mundo para ser homosexual”.
Scott Mills, un conocido locutor y periodista del Reino Unido, homosexual, viaja hasta Uganda para experimentar en primera persona el régimen de terror que viven las personas de su misma condición. Scott Mills descubre los guetos donde viven las personas repudiadas por sus propias familias y clanes.
Scott Mills rastrea cómo se está desarrollando en Uganda una auténtica “caza de brujas”, incluso por parte de revistas especializadas como The Onion, Red Pepper y Rolling Stone, donde se publican listados de personas conocidas cuya condición es homosexual, con una clara intención inquisitorial. Por otra parte, exponerse en Uganda a ser identificado como homosexual implica ser puesto en el punto de mira de grupos violentos que no dudan en dar palizas mortales a quienes son identificados y localizados.
El reportaje explica cómo la homosexualidad en Uganda es equiparada por ciertos clanes primitivos con una posesión o enfermedad demoniaca de la cual es posible librarse, previo pago, mediante escalofriantes rituales de brujería.
La aversión hacia los homosexuales que existe en Uganda deriva, según se explica en el reportaje, en la aversión que existe a los valores occidentales, que se identifican con la pérdida de las raíces africanas y la corrupción; si el endurecimiento de la legislación en esta materia prospera los propios padres podrían tener el derecho, y aún la obligación, de denunciar a sus hijos a las autoridades para que les detengan y encarcelen.
