42 imputados por el amaño del Levante-Zaragoza

  • Gabi, Ander Herrera y Javier Aguirre, señalados en las transferencias de dinero
  • El amaño del Levante-Zaragoza de 2011 costó 960.000 euros

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por un presunto delito de fraude deportivo contra 42 implicados en el Levante-Zaragoza de la temporada 2010-11, partido que certificó la salvación del equipo aragonés en la Liga BBVA.

Por parte del Real Zaragoza, están imputados el propio club, junto con el presidente Agapito Iglesias en aquel momento y el entrenador Javier Aguirre, así como los consejeros Francisco Javier Porquera y Francisco José Checa y el director deportivo Antonio Prieto.

GABI, ENTRE LOS QUERELLADOS

En cuanto a la plantilla del club maño, en la querella aparecen Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio Nóbrega, Leo Ponzio, Gabi Fernández, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Ikechukwu Uche, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jiri Jarosik, Nicolás Bertolo, Said Boutahar y Ángel Lafita.

En lo que respecta al Levante, todos los querellados son jugadores, en una lista que incluye a Miguel Pallardó, Gustavo Munúa, Héctor Rodas, Rafael Jordá, Rubén Suárez, Xavi Torres, Christian Stuani, Wellington Alves, Jefferson Montero, Miguel Robusté, Javi Venta, Manuel Reina, Felipe Caicedo, Vicente Iborra, Xisco Muñoz, Sergio Ballesteros, Juanfran García y David Cerrajería.

El fiscal del caso, Alejandro Luzón, cifra en 965.000 euros la cantidad total de dinero que "jugadores del Real Zaragoza hicieron llegar en metálico a los jugadores querellados del Levante antes del comienzo del partido", disputado el 21 de mayo de 2011 con victoria aragonesa (1-2), "como retribución por la pactada victoria del Real Zaragoza". El triunfo zaragocista supuso el descenso a la Liga Adelante del Deportivo de La Coruña.

La Fiscalía entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de fraude deportivo previsto en el artículo 286 bis.4 del Código Penal, que castiga "a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales".