El presidente de los árbitros en la etapa de Negreira pasó horas destruyendo documentación

  • Varios árbitros creen que el Barça quiso influir con los pagos a Negreira pero no lo logró
Enríquez Negreira
Enríquez Negreira |TELEMADRID

Victoriano Sánchez Arminio, que presidió el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la etapa de José María Enríquez Negreira como vicepresidente, pasó "al menos dos o tres horas" en el archivo de la entidad destruyendo documentación en una trituradora de papel el día de su cese, en mayo de 2018.

Así lo manifestó Antonio Rubinos, adjunto a la presidencia del CTA, a los guardias civiles que el pasado 28 de septiembre estuvieron registrando la oficinas de la entidad arbitral en Las Rozas por orden del juez de Barcelona que investiga el caso Negreira, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe.

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De acuerdo con el acta de la entrada y registro ordenada por el juez, que pretendía hallar documentación sobre los pagos del Barça a Enríquez Negreira, fue el propio Rubinos Pérez quien de forma "espontánea" manifestó a los agentes que era posible que no localizaran alguno de los documentos que buscaban porque habían sido eliminados por Sánchez Arminio.

El secretario detalló que el día en que cesó Sánchez Arminio, quien dirigió el CTA entre 1993 y 2018, coincidiendo con la etapa de Negreira como vicepresidente, "estuvo al menos dos o tres horas en el destructor de papel eliminando documentos".

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No fue esta la única documentación que echó en falta en las oficinas del CTA la Guardia Civil, quien tenía el encargo de buscar información relacionada con Sánchez Arminio, además de otros tres vicepresidentes, entre ellos el propio Enríquez Negreira y su hijo, también investigado por los pagos del Barça y que fue contratado como coach por la entidad.

Los agentes, según figura en el acta, intentaron extraer información de las cuentas de correo electrónico de los cuatro exresponsables de la CTA, pero no había rastro de la de los tres vicepresidentes y la del presidente Sánchez Arminio, quien falleció el pasado mes de mayo, estaba "completamente vacía".

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En el almacén situado en el sótano de las oficinas del CTA, donde se guarda la documentación relacionada con las actas y clasificaciones de ascenso y descenso de árbitros, los guardias civiles se incautaron de varias carpetas con documentación así como de facturas.

En concreto, se llevaron diez carpetas de cartón con los expedientes personales y la baja de varios árbitros, así como cinco comunicaciones dirigidas a colegiados relativas a cambios de categoría con las clasificaciones de los mismos, firmadas por Negreira, entre otros responsables.

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También intervinieron una serie de facturas y liquidaciones de gastos por comisiones de servicio correspondientes a Enríquez Negreira, entre los años 2008 y 2017, y las sociedades que tiene a su nombre.

Los agentes siguieron las indicaciones del personal del CTA para hacerse con cuatro facturas vinculadas a los investigados en el caso Negreira, pero estas no pudieron ser halladas en los ordenadores de la entidad, sin que los trabajadores supieran dónde se encontraban, añade el acta de registro.

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A través de palabras clave, los agentes inspeccionaron los ordenadores del secretario de la CTA, del contable y del director adjunto, además del servidor del sistema informático de la entidad arbitral.

En el marco de esta causa, que se abrió a raíz de una denuncia el pasado marzo de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga el destino de los cerca de 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Negreira y a su hijo entre 2001 y 2018, y que, según el club, respondían a informes sobre arbitrajes.

Varios árbitros creen que el Barça quiso influir con los pagos a Negreira pero no lo logró

Varios colegiados interrogados por la Guardia Civil creen que el FC Barcelona intentó obtener beneficios deportivos con los pagos al exvicepresiente del Colegio Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y su hijo, si bien aseguran que no lograron influir en los arbitrajes.

Así se desprende de los interrogatorios que la Guardia Civil ha efectuado como testigos en los últimos meses a 21 colegiados y excolegidos españoles por orden del titular el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que mantiene imputados al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al exdirigente del CTA y a su hijo entre 2001 y 2018.

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Según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, los colegiados discrepan sobre los motivos por los que creen que el Barça hizo estos pagos, ya que algunos sostienen que buscaban un beneficio deportivo, otros que fueron engañados por los Negreira y algunos que era una trama para obtener lucro personal, pero todos coinciden en que no influyeron en los arbitrajes.

Uno de los colegiados más contundentes ante la Guardia Civil ha sido José Luis González González, quien preguntado sobre los motivos por los que el Barça contrató a los Negreira aseguró que creía que "querrían sacar algún beneficio deportivo".

Según González González, Negreira les haría entender a los directivos azulgrana "que tenía algún poder sobre los árbitros", si bien afirma que, en base a su experiencia profesional y su conocimiento del funcionamiento del CTA, esas contrataciones no pudieron influir en la competición.

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Para este colegiado, este asunto no solo "no influyó en ningún árbitro", sino que su opinión es que Enríquez Negreira "se puso de acuerdo con directivos o miembros del FC Barcelona para beneficiarse a título particular con esos pagos, repartidos entre ellos".

Por su parte, en su declaración ante la Guardia Civil, el exárbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz consideró "imposible", tal y como él entiende el mundo del fútbol, que los pagos del Barça a Negreira pudieran influir en la "competición o en la proyección de árbitros".

No obstante, también apuntó que "no tiene sentido" que el FC Barcelona pagara a los Negreira por informes arbitrales, puesto que estos deberían ser elaborados por el propio equipo técnico del club, sin necesidad de terceros.

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El testigo explicó además a la Guardia Civil que compañeros suyos han ido a cenar al restaurante que regenta la pareja de Enríquez Negreira y que en una o dos ocasiones lo llevó en coche el hijo del exvicepresidente del CTA, al que conocía porque ejercía de 'coach' en concentraciones de árbitros.

Mateu Lahoz señaló también que el sistema de clasificación de los árbitros en el CTA "no es transparente, meritocrático ni empírico, ya que no se basa en criterios tangibles".

Eduardo Iturralde González, árbitro de Primera División entre los años 1995 y 2012, testificó por su parte que Negreira sí que tuvo ascendencia sobre los árbitros "desde el momento que trabaja codo con codo con el presidente" del CTA, si bien precisó que la influencia del vicepresidente "sería más en árbitros de categorías inferiores y no tanto en Primera División".