La Opinión de Hermann Tertsch

Una detención oportuna

15.07.2010 | 0 Comentarios
El Tribunal Superior de Valencia dice que ningún juez ha ordenado la detención de Ripoll ni su citación judicial

Buenas noches a todos. La policia ha detenido muy puntualmente una semana antes del debate sobre el estado de la nación al presidente de la diputación de Alicante, miembro del Partido Popular. A través de la fiscalía ha acelerado esta detención fruto de una investigación que llevaba años en barbecho. Esto sí que es medir bien los tiempos. Resulta evidente que el Gobierno tiene una serie de casos de supuesta corrupción del PP en su reserva para irlos sacando cuando más le convenga. Para tapar sus propias miserias de corrupción o su desastrosa gestión que nos ha convertido en sólo seis años en los parias de Europa.

En el peligro para la estabilidad de todo el continente. Dudoso honor vive Dios. La fiscalía general, la policía bajo mandos políticos, jueces bajo presión y el masivo juicio paralelo de los medios progubernamentales, son ya bajo el gobierno de Zapatero instrumentos de lucha política. Que el poder socialista utiliza abiertamente, con todo desparpajo. Como en su día sucedió con la negociación con ETA o las listas municipales filoterroristas. Y sigue pasando con el caso Faisán. El fiscal Conde Pumpido recomendaba a los jueces que se mojaran y los mandos politico-policiales de Rubalcaba obligaban a los policías a mojarse.

A comprometerse con la política del Gobierno. O asumir las represalias correspondientes. Objetivo logrado, como diría Zapatero. Los poderes del estado hacen lo que conviene al gobierno socialista y bajo sus órdenes. Los casos de supuesta o real corrupción de miembros del PP se dosifican. Para extenderlos a lo largo de la legislatura. Los del partido socialista se ignoran si es posible. Y pasan inadvertidos para las televisiones estatales y para las privadas compradas o intimidadas por el poder. Como el caso del presidente del Congreso José Bono. Que la fiscalía general siga mirando a otro lado tras las revelaciones sobre Bono y el informe de la Intervención General del Estado es un escándalo.

Un político bajo sospecha masiva, cuajada de indicios de delito, siga siendo el tercer máximo representante del Estado tras el Rey y el presidente del Gobierno. Es una prueba palmaria más del desprecio del Gobierno a las instituciones. El Gobierno socialista abusa abiertamente de los poderes del Estado para beneficiarse y protegerse. Y para acosar a la oposición. Es una muestra más de la deriva peligrosa en la que se encuentra nuestro Estado de Derecho. Otro triste éxito en el sexto año triunfal de Zapatero.

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