Con buena memoria

Felipe VI: Una biografía política

18.06.2014 | 0 Comentarios
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El 30 de enero de 1968 la princesa Sofía de Grecia dio luz al tercero de sus hijos y el primero varón, que sería bautizado nueve días más tarde, el 8 de febrero, con el nombre de Felipe. El parto se produjo en una clínica privada, Nuestra Señora de Loreto, situada en la Avenida de Reina Victoria de Madrid y que en la actualidad es una residencia geriátrica.

Aquel bebé Felipe era el heredero de la Familia Real española, pero carecía de derecho alguno sobre el trono de España, al igual que su padre Juan Carlos de Borbón y su abuelo Juan, Conde de Barcelona. El bisabuelo, Alfonso XIII, había reinado entre 1902 y 1931, pero en abril del último año, tras asumir como plebiscitarias unas elecciones municipales ganadas en las grandes ciudades por candidaturas republicanas, abandonó voluntariamente el país. El monarca declaró expresamente en su manifiesto de despedida que deseaba evitar un enfrentamiento entre españoles, pero el fracaso de la Segunda República condujo en 1936 a una guerra civil de casi tres años, ganada por un bando nacional que promovió como dictador a un general, Francisco Franco, que durante los primeros años se instaló en la indefinición. Era el Jefe de un Estado que no se declaraba ni Monarquía ni República. Alfonso XIII no volvió a España y murió en Roma en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial.

Franco estaba al frente de un sistema de partido único, el Movimiento, caracterizado por su heterogeneidad. Había una minoría monárquica, pero dividida entre “alfonsinos”, partidarios de la dinastía histórica, y tradicionalistas, continuadores del carlismo decimonónico. También existía una minoría republicana, sobre todo en la Falange, pero la mayoría de los españoles que apoyaban o al menos aceptaban al régimen no eran militantes de ninguna forma de Estado determinada. Su adhesión política era a la figura y la ejecutoria del vencedor de la guerra, el general Franco.

Ni este último, ni ninguno de los jefes militares que se habían alzado en armas contra el gobierno del Frente Popular, en julio de 1936, habían definido su causa como dirigida a la restauración de la Monarquía. Bien al contrario, casi todos ellos habían dado vivas a la República en los manifiestos que acompañaron a la declaración del estado de guerra. Los dos jefes sucesivos del Comité Militar republicano en 1930-31, los generales Gonzalo Queipo de Llano y Miguel Cabanellas, figuraban entre los sublevados y el segundo fue elegido presidente de la Junta de Defensa Nacional, el máximo órgano rebelde, a los pocos días del alzamiento. El “director” de la conspiración, el general Emilio Mola, había fijado como programa la continuidad de una forma de Estado republicana, si bien con una reforma constitucional abierta al cambio.

Esta perspectiva se vio alterada por la duración del conflicto. En teoría, el golpe de Estado debería haber triunfado en un par de semanas, un mes como mucho, pero el fracaso de los alzados en el rápido traslado a la Península de las fuerzas profesionales de África –ante el bloqueo del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán por la flota que seguía a las órdenes del gobierno de Madrid- dio paso a una guerra civil que no finalizaría hasta abril de 1939.

Durante el verano de 1936 combatían en España dos bandos republicanos. Así lo reflejó en agosto la revista norteamericana “Time”, que tituló “La República vs. la República” el principal artículo que publicó sobre la guerra española. Los vivas a la República estuvieron presentes entre los rebeldes hasta fin de año, sin que fueran alterados por el cambio de bandera que se produjo el 15 de agosto. De manera expresa se afirmó que se restauraba la bandera tradicional de España, la misma que había mantenido la Primera República en 1873.

Al igual que los tradicionalistas, que habían sido los primeros (el 19 de julio en Pamplona) en desplegar la bandera bicolor, los “alfonsinos” se alinearon desde el primer momento con los rebeldes. Alfonso XIII, desde su exilio en Roma, apoyó el envío de armas y otros recursos a los sublevados. El 31 de julio y autorizado por su padre, don Juan de Borbón cruzó la frontera de Francia con Navarra para combatir con un pequeño grupo monárquico que luchaba en el puerto de Somosierra (Madrid), pero fue obligado por el general Mola a regresar sobre sus pasos. Más tarde, a finales del mismo año, el futuro conde de Barcelona pediría, sin éxito, incorporarse a la dotación del crucero “Baleares”.

En septiembre y a través de monárquicos tan destacados como el general Alfredo Kindelán, Alfonso XIII instó el nombramiento de Francisco Franco como Jefe del Estado, quien tomó posesión el 1 de octubre. A partir de ese momento, este general fue la pieza clave para una eventual restauración de la Monarquía. Franco había destacado tanto en la intermitente guerra de Marruecos (1909-27) que recibió la faja roja de general con sólo 33 años, en 1926, y había sido nombrado gentilhombre de cámara del Rey. El militar, sin embargo, no era antirrepublicano: juró lealtad al nuevo régimen y, a pesar de estar unos meses en situación de disponible tras la supresión de la Academia General Militar de Zaragoza, fue luego nombrado por el presidente del Consejo de Ministros y titular de la cartera de Guerra, Manuel Azaña, para dos puestos adecuados a su empleo: la comandancia militar de La Coruña y la comandancia general de las Islas Baleares. Rechazó el frustrado pronunciamiento del general José Sanjurjo en agosto de 1932 y en octubre de 1934 colaboró con el gobierno de Alejandro Lerroux para derrotar la sublevación de los partidos PSOE, PCE Y ERC, junto con los sindicatos UGT y CNT, contra el gabinete republicano de centro-derecha.

Con la presidencia de Lerroux, que era el más destacado republicano histórico, el general Franco fue promovido a la cúspide de la organización militar: ascendió a general de división (el máximo empleo de la época) y fue nombrado, en mayo de 1935, jefe del Estado Mayor Central del Ejército. Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 cesó en el cargo, pero el nuevo gobierno de Azaña le nombró comandante general de las Islas Canarias, destino adecuado a su empleo militar. Participó, en marzo, en una reunión de generales preocupados por una eventual deriva revolucionaria, pero durante los siguientes meses fue reticente a emprender la sublevación, por los riesgos de todo tipo que suponía. A finales de junio escribió al presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, para ofrecerse a reconducir las tensiones militares, y el domingo 12 de julio envió a los conspiradores de la Península el mensaje de que consideraba la conspiración inmadura, destinada por tanto al fracaso. Sólo cambió de actitud al conocer, el lunes 13, el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo, llevado a cabo por un sindicalista de UGT amparado por fuerzas policiales.

Francisco Franco no efectuó una sola mención a la restauración monárquica durante su toma de posesión en Burgos, el 1 de octubre de 1936, pero antes de que finalizase la guerra dio pasos en esa dirección. El  primero fue el de los símbolos: el 27 de febrero de 1937 recuperó como himno nacional la Marcha Granadera, o Marcha Real. El 18 de julio del mismo año concedió unas declaraciones al diario “ABC” de Sevilla, firmadas por su propietario Juan Ignacio Luca de Tena, en las cuales afirmó que en cuanto a la forma del Estado sus preferencias eran conocidas –en un contexto que sólo podían referirse a la restauración de la Monarquía-, y añadió un comentario destinado a promover la aceptación y consolidación de ese paso: “si alguna vez en la cumbre del Estado vuelve a haber un Rey, tendría que venir con el carácter de pacificador y no debe contarse en el número de los vencedores”. Por último, el 15 de diciembre de 1938 una Ley de la Jefatura del Estado anuló la inicua condena de Alfonso XIII por las Cortes Constituyentes, en noviembre de 1931.

Franco, asimismo, incluyó a cuatro monárquicos en su primer gobierno, de enero de 1938. Eran dos militantes de Renovación Española: Amado (Hacienda) y Sainz Rodríguez (Educación) y dos simpatizantes: el general Gómez Jordana (Asuntos Exteriores) y Peña Boeuf (Obras Públicas).

Las señales no podían ser más claras, pero la restauración carecía de apoyo mayoritario en el bando nacional. El propio Franco se lo recordó al monarca exiliado en una carta que le envió el 4 de diciembre de 1937, escrita en tono respetuoso y cortés. Afirmaba en ella que la rebelión contra el Frente Popular no se había producido en nombre de la Monarquía, sino en defensa de la Patria y la fe católica. Recordaba que los propios tradicionalistas habían renunciado a imponer su dinastía y que se incorporaron a la lucha “por Dios y por España”, sin ninguna exigencia. Le recomendaba también paciencia a él y a su hijo Juan, “alejando de su lado a cuantos pretendan torcer su excelente natural, pretendiendo precipitar etapas en un camino cuya meta presentimos, pero que por lo lejana no vislumbramos todavía”.      

Un mes después, el 5 de enero de 1938, nació en Roma el primer hijo varón de Juan de Borbón, Juan Carlos de Borbón. Alfonso XIII y el resto de la Familia Real continuaron apoyando sin fisuras al general Franco y fue iniciativa del rey exiliado que tras el final de la guerra se concediera al dictador la Gran Cruz Laureada de San Fernando.

La propia situación de España y la Segunda Guerra Mundial, que comenzó apenas cinco meses después del final de la española, dejó en suspenso cualquier iniciativa de reforma institucional. El 28 de febrero de 1941, cuando sólo contaba 54 años, murió en Roma Alfonso XIII. El general Franco publicó un Decreto para “rendir el homenaje que es debido al soberano muerto lejos de la Patria, cuyos destinos sirvió fervorosamente desde su puesto de rey”. La norma estableció tres días de luto oficial y la celebración, el 3 de marzo, de funerales solemnes en Madrid y capitales de provincia. A partir del año siguiente y hasta su muerte en 1975, Franco presidió todos los 28 de febrero una misa funeral en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en memoria de los Reyes de España.

La victoria aliada en la Guerra Mundial debilitó las relaciones entre el jefe de la dinastía, Juan de Borbón, y el Jefe del Estado. Este último le había manifestado por escrito, en septiembre de 1941, que le consideraba “el único y legítimo representante” de la dinastía histórica. En noviembre de 1944, en declaraciones a la agencia norteamericana United Press, Franco reafirmó su propósito de instaurar una Monarquía “eminentemente social”.

Cuatro meses más tarde, en marzo de 1945, Juan de Borbón, que había asumido el título de Conde de Barcelona, publicó en Suiza el que se conoció como “Manifiesto de Lausana”, que reclamaba la restauración de la Monarquía “como instrumento de paz y concordia para reconciliar a los españoles”. El heredero de Alfonso XIII se presentaba como una tercera vía entre la dictadura de los vencedores de la guerra y el eventual revanchismo de los derrotados. Franco apreció buena voluntad y el 17 de julio, ante el Consejo Nacional del Movimiento, volvió a manifestar su propósito de volver a la Monarquía, como institución tradicional de España y ante el doble fracaso republicano. Su análisis de la política internacional, que se revelaría acertado, discrepaba sin embargo del esgrimido por el Conde de Barcelona y sus principales consejeros. En contra de pronósticos agoreros, los aliados vencedores no emplearon la fuerza para derrocar al régimen español.

A finales de 1945, Franco invitó a Juan de Borbón a instalarse en España con su familia, con Casa Civil y los servicios adecuados, pero el jefe de la dinastía rechazó el ofrecimiento y se instaló en 1946 en Estoril, cerca de Lisboa. En lugar de un proceso indeterminado, aunque progresivo, el heredero quería “entrar en España por la puerta grande”.   

En marzo de 1947, Franco remitió a las Cortes un proyecto de Ley de Sucesión de carácter fundamental, es decir, constitucional, que declaraba a España como Reino. Su principal colaborador, el marino Luis Carrero Blanco, subsecretario de Presidencia y convencido monárquico, acudió a Estoril para explicar la norma al Conde de Barcelona. Significaba recuperar la institución, pero la implantación efectiva de la Monarquía quedaba demorada sine die, lo que contrarió a Juan de Borbón, a pesar de que el texto disponía que en caso de muerte o incapacidad del Jefe del Estado, sería llamada a reinar “la persona de sangre real con mejor derecho”, que era sin lugar a dudas el heredero de Alfonso XIII.

Juan de Borbón rechazó el proyecto, lo que no le produjo beneficio alguno, sino más bien al contrario. La militancia monárquica en la sociedad española era limitada, sin posibilidad alguna de presionar en favor de la restauración. Las Cortes enmendaron la referencia a la “persona de sangre real con mejor derecho” y la sustituyeron por unas condiciones que muchos otros podían cumplir: estirpe regia, varón, católico y mayor de 30 años. Para redondear el proceso, todos los españoles mayores de edad fueron convocados a un referéndum –el primero en la historia política de España- que se celebró el 6 de julio de 1947. En la campaña Franco presentó la convocatoria como una ocasión para votar en favor de la estabilidad política y apenas si hubo referencias a la Monarquía, pero a fin de cuentas emitieron voto 15.219.565 españoles –el 88,59 por 100 del censo-, de los cuales 14.145.163 –el 92,94 por 100- lo hicieron a favor, 722.656 –el 4,75 por 100- en contra y el resto fueron votos blancos o nulos. No se trató, evidentemente, de una consulta efectuada en libertad y con garantías democráticas, pero el apoyo mayoritario fue evidente y la Ley de Sucesión fue incorporada al ordenamiento legal.

A pesar de la discrepancia, las relaciones entre el dictador y el jefe de la dinastía no se interrumpieron. En agosto de 1948 los dos hombres se entrevistaron a bordo del yate “Azor” que utilizaba el Jefe del Estado, frente a la costa de San Sebastián. Fue un encuentro humanamente cordial, cuyo principal acuerdo fue que el heredero del Conde de Barcelona, Juan Carlos, se educase en España. El niño, de diez años, llegó por vez primera a su Patria en noviembre de 1948 y durante los quince años siguientes recibió la mejor formación que había recibido hasta entonces un heredero de la Corona: el Bachillerato, las tres academias militares de Tierra, Mar y Aire, y un programa específico de asignaturas universitarias. Todo ello por sucesivos acuerdos entre Francisco Franco y el Conde de Barcelona.

En ese mismo periodo –septiembre de 1955-, Franco promulgó un Decreto-Ley de la Jefatura del Estado, que restableció a la reina Victoria Eugenia la pensión que se le había concedido al contraer matrimonio, en 1906, con Alfonso XIII. En mayo de 1962, tras el matrimonio de Juan Carlos con la princesa Sofía de Grecia, Franco les ofreció instalarse en el palacio de la Zarzuela, con un presupuesto a cargo del Estado. La pareja aceptó, allí formaron su familia y más de medio siglo después continúa siendo su residencia.

Dos años más tarde, el 15 de mayo de 1964, Franco invitó a Juan Carlos a presidir con él el desfile de la Victoria. Fue la primera vez que ambos hombres aparecían juntos ante la ciudadanía en un acto institucional y una nueva señal del compromiso del Jefe del Estado con la dinastía histórica. Dos años y medio después, en noviembre de 1966, la Ley Orgánica del Estado volvía a proclamar, en su artículo primero, que España se constituía en Reino. Fue sometida a referéndum y obtuvo el voto favorable del 95,86 por 100 de los votantes. Estaba ya en vigor la Ley de Prensa e Imprenta, lo que otorgó mayor libertad de expresión que en 1947, aunque desde luego el marco político continuaba siendo dictatorial y no democrático.

El nacimiento en enero de 1968 de Felipe de Borbón y Grecia marcó un nuevo hito, puesto que su madrina de bautizo fue la reina Victoria Eugenia, que volvía a España por vez primera desde abril de 1931. La reina solicitó audiencia a Franco, pero éste respondió que no era necesario que acudiera a su residencia oficial del palacio del Pardo, sino que él mismo iría al palacio de la Zarzuela, donde podrían celebrar el encuentro. Así fue: poco antes del bautizo de Felipe el general Franco y la reina conversaron durante unos quince minutos en un salón del edificio. Aunque estuvieron a solas, ambos revelaron luego el contenido político del encuentro: Victoria Eugenia le dijo a Franco que ya tenía tres generaciones de la Familia Real, que podía elegir a quien estimara oportuno y le rogaba que nombrase sucesor en vida. El general le prometió que así lo haría.

En términos políticos, al no reclamar la sucesión en favor del jefe de la dinastía, que también estuvo presente en el bautizo, la reina aceptaba que el nombramiento recayese en Juan Carlos. Victoria Eugenia falleció en Lausana en abril de 1969. El Jefe del Estado decretó tres días de luto, en un texto legal que constituía un elogio a la fallecida, que había compartido el trono durante 24 años, “demostrando en todo momento y hasta su fallecimiento su hondo y sentido afecto a España”.

Tres meses más tarde, el 22 de julio, Franco presidió un pleno extraordinario de las Cortes en el que propuso a Juan Carlos como sucesor a título de rey. El resultado de la votación, uninominal y por llamamiento, fue abrumador: 491 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones. El factor clave de ese resultado fue la autoridad política de Francisco Franco. La institución no se restablecía como resultado de una improbable mayoría monárquica, sino al servicio de la nación.

Seis años más tarde, tras la muerte de Franco, Juan Carlos fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975. De inmediato buscó su legitimidad en la promoción de la democracia, tal y como puso de manifiesto la declaración de su primer gobierno, en el mes de diciembre. La Ley para la Reforma Política de noviembre de 1976 –votada en referéndum-, las primeras elecciones libres de junio de 1977 y la Constitución de 1978, también refrendada por el pueblo español, fueron los hitos que construyeron, por vez primera en España, una democracia efectiva, puesto que la Segunda República había mantenido de forma continua una restricción de los derechos y libertades que en teoría proclamaba. La culminación de esa voluntad democrática fue la neutralización del golpe de Estado que el 23 de febrero de 1981 intentaron llevar a cabo una parte minoritaria de la Guardia Civil y el Ejército.

Felipe de Borbón y Grecia, mientras tanto, recibía la educación de un joven de su edad, en un colegio privado de Madrid. Está muy extendida la especie de que el 23-F su padre le llamó para que asistiera en directo a la oposición al golpe, pero no es cierto. El joven estudiante –de trece años- estaba en su cuarto de la Zarzuela, haciendo como que estudiaba, cuando escuchó movimientos atípicos y, al cabo de un rato, acudió a ver qué pasaba. Nadie le pidió que hiciera nada –tampoco su padre-, pero él se quedó con el rey y sus colaboradores por propia iniciativa, como muestra de solidaridad en un momento difícil.    

En los años siguientes, el joven recibió una formación mejor aún que la de su padre. Tras el bachillerato y el paso por las tres academias militares, Felipe de Borbón estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, formación completada con algunas asignaturas de Economía y, más tarde, un Master de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown (Washington D.C.). En enero de 1986, al cumplir los 18 años, fue proclamado solemnemente en las Cortes Príncipe de Asturias.

A finales de los años Noventa, durante el gobierno de José María Aznar, se construyó una residencia específica para el Príncipe, sobre una pequeña colina del monte del Pardo, a unos pocos centenares de  metros del palacio de la Zarzuela. Felipe de Borbón, más serio y reservado que su padre, es de trato agradable y muy responsable en sus manifestaciones. La primera vez que habló de forma improvisada fue en julio de 1997, cuando asistió al entierro del concejal de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA. Su mensaje fue cálido y sentido. El compromiso del entonces Príncipe con el Estado de Derecho resultaba inequívoco.

El hito siguiente en su vida fue en mayo de 2004, al contraer matrimonio con la periodista Letizia Ortiz Rocasolano. Fue un compromiso atípico, pero lo que resulta indudable es que fue un enlace por amor, por ambas partes, lo que era la voluntad declarada del Príncipe. Esta voluntad fue reforzada por la crisis matrimonial de sus padres, a pesar del impecable “pedigree” de la Reina Sofía y el propio Juan Carlos.  

Felipe y Letizia han recibido en su residencia, durante los últimos meses, a numerosos personajes de la vida política, económica y social, de diferentes adscripciones ideológicas. El Príncipe llevaba tiempo muy preocupado por la acumulación de problemas: la crisis económica, el secesionismo catalán, las implicaciones judiciales de su hermana Cristina y su cuñado Iñaki Urdangarín, el descrédito del rey tras episodios como la cacería de Botswana, el auge del republicanismo y la relativa debilidad de los dos grandes partidos que durante los últimos treinta años han sido la base del sistema político: el PSOE y el PP.

Son los retos que España, y no sólo el nuevo Rey, deben afrontar en los próximos meses y años.

Miguel Platón

 

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Hace más de un siglo, en 1905, el filósofo hispano-estadounidense George Santayana afirmó en el primer volumen de su obra “La vida de la razón” que aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Es un riesgo que está presente en la sociedad española actual, en la que medran políticos adanistas, como si el mundo hubiera nacido con ellos, sobre la base de una población castigada por un sistema educativo deficiente y la mediocridad que está presente en buena parte de los medios de comunicación. Miguel Platón, periodista y escritor, busca situar las cuestiones de actualidad en perspectiva, al servicio de un mejor conocimiento de los asuntos públicos.
 

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