La Opinión de Hermann Tertsch

Distinta vara de medir

29.12.2011 | 0 Comentarios
Blanco desea lo mejor a Rajoy tras un traspaso de poderes "modélico"

El Tribunal Supremo ha anunciado este miércoles que ha abierto un proceso penal contra el exministro de Fomento, José Blanco. La Sala del Supremo coincide con la Fiscalía en que existen suficientes indicios de delito para investigarle por el caso Campeón. Ustedes lo recordarán por aquel rocambolesco encuentro en una gasolinera en Galicia. Allí, supuestamente, un primo de Blanco habría recibido 200.000 euros de un empresario a cambio del encuentro de éste con el ministro. El empresario que está encausado también asegura haber pagado parte de un chalet del exministro en un barrio de lujo de Madrid.

Sea como fuere, lo cierto es que el exministro se equivocaba cuando proclamó a los cuatro vientos que "no hay caso ni lo habrá". Hay caso. Y para Blanco se pone cada vez más negro. Mientras en Valencia prosigue el juicio contra el expresidente de la Generalidad, Francisco Camps acusado de cohecho impropio por aceptar como regalos varios trajes. Al caso de Camps dedicó el pasado Gobierno socialista todos sus esfuerzos con una exhaustiva investigación por parte de policia y fiscalía. Pese a ello, la acusación ha quedado reducida al citado cohecho impropio que, en caso de culpabilidad, ni siquiera impone inhabilitación. Pese a ello la cobertura informativa ha sido inmensa. Sólo comparable a la que ahora se presta al caso del yerno del rey Iñaki Urdangarín, acusado de un sinfín de irregularidades y presuntos delitos, utilizando a su Fundación Noos.

En todos estos casos hay que exigir juicios justos y la aplicación implacable de la ley. Pero no sólo para estos. Desde hace décadas se ha generado la impresión en España de que hay disntintas varas de medir. De que la justicia discrimina entre españoles. Y de que muchos corruptos amparados en sus posiciones y contactos políticos salen impunes de sus cuitas con la justicia. Esto tiene que acabarse porque son nefastas las consecuencias para la justicia, para todas las instituciones y para la propia credibilidad del Estado de derecho.

En el próximo consejo de ministros el Gobierno podría nombrar al nuevo Fiscal General del Estado. Es de esperar que sea alguien que rescate a esa institución del profundo desprestigio en que lo ha sumido el ahora cesante Conde Pumpido. Este no sólo ha jugado un nefasto papel en sus intentos de comprometer a la justicia con los planes políticos de Zapatero de negociación con ETA. También ha marcado esa doble vara de medir. Que queda patente en el diferente trato otorgado al citado expresidente Camps, perseguido con celo supremo. Y las denuncias rápidamente archivadas sin investigaciíon contra otros políticos como por ejemplo José Bono.

Estos nuevos tiempos han de traer un nuevo rigor. Y un pacto anticorrupción en el que la justicia actúe por igual contra todos. El restablecimiento de la credibilidad de la justicia es tan importante para España si cabe como la recuperación económica.

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