La Opinión de Hermann Tertsch

Armas de gobierno

18.01.2011 | 0 Comentarios
Ramón Jáuregui

Ya hay, estimados amigos, un detenido por la brutal agresión al consejero de cultura del gobierno de Murcia, Pedro Alberto Cruz. Es de agradecer la eficacia de la policía que pone fin a las mil infamias que se han sugerido en prensa y blogs socialistas. Que sugerian desde un ajuste de cuentas a una reyerta u otras motivaciones no políticas, que de paso dañaran al prestigio de la víctima. Pues no.

El detenido es un notorio militante izquierdista cuya motivación es claramente política. Resulta que los llamamientos de socialistas y sindicalistas murcianos a perseguir y acosar al Partido Popular fueron escuchados por este izquierdista y sus dos cómplices. Y lo hicieron a su manera.

Pero dejemos este caso de terrorismo callejero para los jueces. Y vayamos a otros métodos algo más sutiles para callar las bocas discrepantes que está preparando el gobierno socialista. El ministro Ramón Jáuregui acaba de anunciar la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que enjuiciará, intervendrá y sancionará a quienes en su opinion generen clima de crispación o fomenten "valores devaluados de convivencia". Si señores, el Gobierno sabe que necesita medidas dráscticas si no quiere hundirse en las próximas elecciones. Y como la nueva pluralidad televisiva no le gusta, inventa un instrumento para acallar las voces que denuncian a diario sus fracasos y mentiras. Las que rompen aquella deliciosa armonía que le daba a los socialistas la supremacía total izquierdista en televisión. Esa ley es para callarnos a los periodistas. Pero viene otra ley para callar a todos los ciudadanos. O someterlos a tanto miedo que se les pasen las ganas de hablar.

Se trata de la Ley del trato igualitario o de antidiscriminación que es, ya se lo digo, el golpe de gracia que los socialistas preparan contra el estado de derecho. Si se aprobara esa ley en el parlamento podríamos envidiar la seguridad jurídica de Venezuela o Bolivia. Un comité designado por el gobierno, sin mediación judicial, se dedicará a "prevenir eliminar y corregir toda forma de discriminación en el sector público y privado". Actuara por iniciativa propia o por denuncias, llámenlo delaciones.

Y la carga de la prueba recae sobre el denunciado. Dice el borrador de la ley: "Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica" tipificada. Para que lo sepan también quedan prohibidos los criterios. Como cualquier cosa puede tacharse de discriminación -toda elección lo es- la ley otorga al gobierno poder absoluto para intervenir en empresas, organizaciones, relaciones personales o asociativas.

Se trata estimados amigos, de una ley de ingeniería y experimentación social propia de literatura del totalitarismo. Pero que ningún gobernante occidental en sus cabales se atrevería siquiera a sugerir en broma. Son las armas que el Gobierno socialista prepara para intentar impedir la alternancia democrática. No perdamos los nervios. Pero sepamos lo que se nos viene encima.

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