Justicia francesa comienza a tomar declaración a los miembros del autodenominado Comité Internacional de Verificación que este sábado ejercieron de supervisores en la entrega de armas de ETA a las autoridades galas en varias localidades del suroeste de ese país.
Los jueces están tomando declaración como testigos a los participantes en la entrega de las localizaciones de los zulos. Los integrantes del CIV comunicaron a la Fiscalía de Bayona (Francia) la localización de ocho depósitos de armas que contienen alrededor de 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo, municiones y detonadores.
La policía francesa va a tardar varios días en realizar el inventario completo del material almacenado en los ocho puntos geográficos del departamento de Pirineos Atlánticos. Hay que precintar los elementos incautados, comprobar el estado de las sustancias explosivas e intentar buscar huellas dactilares y perfiles genéticos de las pistolas entregadas.
Precisamente para conocer la información sobre estas armas el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió el pasado viernes diligencias, a petición de la Fiscalía, para cursar una comisión rogatoria a Francia. El Alto Tribunal tiene previsto cursar esta semana, probablemente hoy, la Comisión Rogatoria Internacional a Francia.
El objetivo de esta iniciativa judicial es obtener de forma oficial los datos del inventario de armamento. A simple vista y según fuentes judiciales ni el juez ni tampoco el fiscal ven ningún tipo de delito en el acto de entrega que se hizo este sábado en Baiona.
Las fuerzas de seguridad tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre los 224 atentados de la banda que quedan sin resolver, al entender que seguramente estarán "limpias" de pruebas y muchas de las armas usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los "mediadores".
