El juez Castro reta al Fiscal Anticorrupción

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Informativo mediodía

| 01.01.1970

El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach han formado el más certero ariete contra la corrupción que se haya conocido, pero sus posturas opuestas sobre la imputación de Cristina de Borbón abrieron un foso entre ellos. Así es su duelo judicial que mantienen por una infanta de España.

En la Edad Media, las certezas judiciales se resolvían muchas veces mediante la ordalía o juicio de Dios, en el que los reos se sometían a torturas para determinar si eran inocentes, o a través del duelo judicial, un combate regulado por el derecho germánico en el que el ganador era proclamado poseedor de la verdad.

Como en una lid de entonces, Castro y Horrach defienden cuerpo a cuerpo su postura discrepante sobre la implicación de la Infanta en el caso Nóos: el juez cree que su "colaboración silenciosa" en la trama de corrupción es motivo para llevarla a juicio, pero el fiscal opina que no hay ninguna prueba contra ella.

Hasta aquí, el debate jurídico sería el normal en un proceso judicial, pero entre juez y fiscal las diferencias han cristalizado en duras embestidas en sus escritos y declaraciones públicas en las que se sugiere incluso la posibilidad de dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas, es decir, de prevaricar, lo peor de lo que se puede acusar a un magistrado que sirve a la justicia.

El divorcio entre instructor y acusador público es el precio de sus diferencias sobre la infanta Cristina, que, paradojas de la vida, permanece firmemente unida a su marido a pesar de las consecuencias que su actuación ha tenido para la Corona y de los constantes rumores de separación.

Castro y Horrach han hecho un buen equipo en la lucha contra la corrupción en Baleares, pero no se esperaban que uno de los múltiples casos que desenmarañaban en el caso Palma Arena iba a afectar a un miembro de la Familia Real: Iñaki Urdangarin, duque de Palma.

Juez y fiscal armaron su ariete en 2009. Su arma de asedio comenzó a romper las puertas de la corrupción del gobierno popular de Jaume Matas. Y su trabajo en equipo culminó en gran éxito. Todos los corruptos los temían por méritos propios. Crearon un binomio perfecto: un juez de fuera, afable y campechano, casi al final de su carrera judicial, con un fiscal de la isla, de buena familia y con futuro por delante, y ambos, obstinados en el cumplimiento de la legalidad.

Desentrañando facturas del gobierno autonómico, arrancaron el caso Nóos de una carpeta casi vacía que hizo sospechar al fiscal. Su capacidad de trabajo hizo el resNinguno dudó cuando el asunto llegó a Urdangarin, y tras tomarle declaración por primera vez, juez y fiscal compartieron gin-tonic en un conocido bar cerca de los juzgados. Entonces ambos desechaban la imputación de la infanta Cristina, que reclamaba una acusación.

Pero en 2013 comienza su duelo judicial, también llamado juicio por combate en la Edad Media. Los dos espadachines de la corrupción siguen caminos distintos: el juez imputa a la Infanta y el fiscal recurre. El tono de su escrito agrava sus diferencias. Horrach dice que el juez se basa en "sospechas personales" y habla de teoría conspiratoria.

Se interpreta como una agresión. El juez responde aludiendo a la "simbiosis argumental" del fiscal en la defensa de la Infanta y considera que está perdiendo las formas. Ya no toman café, como hacían muy a menudo para comentar actuaciones. Mantienen el afecto profesional, pero no la relación personal. El duelo judicial entre Castro y Horrach ha continuado en varios lances del caso. Hasta el auto del martes, con el que el juez quiere juzgar a la Infanta.

Horrach sostiene que la hermana del Rey había sido imputada por ser quien es y, al día siguiente, recurre: acusa a Castro de hacer un "juicio de valor" o "encaje de bolillos" y que está contaminado por "la influencia de los medios de comunicación". Si el fiscal "cree lo que escribe", lo que tiene que hacer es presentar "una querella contra mí por prevaricación", le ha contestado hoy el juez.

Su juicio por combate no ha acabado. El duelo entre el juez, de 68 años, y el fiscal, de 47, está igualado. Todavía no se ha proclamado a ninguno poseedor de la verdad.