El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha anunciado que están barajando un plan que, entre otras medidas, sustituiría la sanción por beber alcohol en la calle por invertir parte de esa cuantía económica en ocio cultural.
En la comisión del ramo, Barbero ha dado cuenta de un proyecto de plan alternativo, que incluye la prevención del consumo de alcohol en la calle mediante una "prestación socioeducativa, sobre todo entre menores pero no solamente", para el abono de la sanción con servicios para la comunidad y la posibilidad de sustituir parte de la sanción económica por un ocio cultural.
Se trataría de un "ocio guiado, donde la persona diera fe de que acude al teatro, al cine... Se trata de un cambio de actitudes". Este plan se pondrá en marcha en 2016 pero el delegado no ha podido concretar cuándo dado el alto número de sanciones por botellón que se imponen: 500 a la semana, 25.000 al año. Dicho plan se está diseñando teniendo en cuenta que el proceso sancionador actual "no está disminuyendo el consumo" de alcohol en la calle.
Por otro lado, desde el 1 de enero se remitirá a los domicilios de los sancionados por botellón una notificación que exponga el inicio del expediente sancionador. "Queremos ser muy garantistas, la ley está para servir a los ciudadanos", ha expuesto el concejal tras la comisión.
Así, la sanción empezará a contar desde que llega al domicilio para que el sancionado pueda acogerse a sus derechos, como recurrir o solicitar la reducción del 40 por ciento por pronto pago. Hasta ahora estos derechos se dificultaban por situaciones diversas, desde que "un menor que le pillaban de botellón no decía nada en casa o un adulto que ni se acordaba de lo que había pasado".
En cuanto a la posibilidad de sustituir la sanción por servicios a la comunidad, Barbero ha explicado que tendrán que sentarse con la Comunidad porque no estaban de acuerdo con iniciativas de este tipo pero "hace un par de años". "No creo que haya demasiado problema jurídico", ha apuntado.
Javier Barbero, por otro lado, ha deslizado en la comisión la diferente interpretación sancionadora que hacen las normas. Y es que la Ley de Drogodependencias, de la Comunidad, recoge multas de 600 euros si el infractor es mayor de edad y de 500 si es menor. La Ley de Seguridad Ciudadana establece multas de entre 100 y 600 euros cuando la tranquilidad ciudadana sea gravemente perturbada.
