La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en la desarticulación de un taller clandestino, instalado en el interior de un inmueble en el barrio de Usera, donde se elaboraban una "importante cantidad" de pantallas falsificadas de smartphones de las principales marcas de teléfonos móviles.
Según explica la Dirección General de Policía, se el dispositivo se ha intervenido material valorado en 2,5 millones de euros y a los arrestados se les imputa un delito contra la propiedad industrial.
La investigación comenzó hace pocos meses cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo organizado especializado en la fabricación y distribución a locales abiertos al público, de pantallas y componentes de telefonía móvil, con los que obtenías importantes beneficios económicos.
Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que los arrestados contaban con varios inmuebles, situados todos ellos en la misma finca, y que uno de ellos estaba siendo utilizado como taller clandestino de reparación de terminales de telefonía de última generación, de forma irregular y sin respetar la normativa de protección de la propiedad industrial existente en nuestro país.
Además, los investigadores pudieron comprobar que los arrestados utilizaban varios locales para comerciar con esos smartphone ya reparados, obteniendo "numerosos beneficios económicos" especialmente por el ensamblaje de pantallas en los terminales. Por todo ello, y con el preceptivo mandamiento judicial, los agentes realizaron la entrada y registro en el inmueble y constataron la existencia del taller clandestino.
Las distintas actividades desarrolladas en la vivienda se encontraban "perfectamente separadas y diferenciadas" por estancias, cada una de ellas dedicada específicamente a la fabricación, embalaje, reparación, o almacenamiento de los productos de telefonía móvil que más tarde saldrían al mercado.
Allí localizaron 18.000 pantallas de telefonía móvil y maquinaria para el embalaje y reparación de dichos dispositivos. El valor en el mercado de todo lo intervenido se estima que supera los 2.500.000 de euros. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y ha contado con la colaboración de agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, todos ellos pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
