El conflicto entre la Policía Municipal y el Ayuntamiento de la capital, lejos de solucionarse, parece que va escalando en tensión y grados. El último tirón a una cuerda, ya de por sí bastante tensa, lo ha dado el Concejal de Seguridad, Javier Barbero, al anunciar que abrirá una investigación interna y, más aún, que denunciará por la vía penal a los 222 agentes que estuvieron de baja durante la celebración de las fiestas del Orgullo, el fin de semana del 7 de julio en la capital.
La verdad es que llama bastante la atención que, aproximadamente la mitad de los policías que estaba previsto que interviniera en el dispositivo se pusieran malos a la vez y no es raro que el concejal piense que puede haber detrás otros motivos que los puramente médicos. La sospecha del concejal parece lógica pero no ha sentado nada bien a los representantes policiales, que siguen peleando por mejoras en sus condiciones laborales y que cuentan que ahora mismo, trabajan en unas condiciones lamentables.
La verdad es que los agentes que sí fueron a trabajar durante la celebración del orgullo, se comieron jornadas de hasta 16 horas, sin recibir agua o un triste bocadillo, y sin posibilidad de sentarse a descansar ni 5 minutos. Si echamos mano del cruce de acusaciones de los últimos meses, no parece fácil que las dos partes se entiendan. Recuerden, por ejemplo episodios como el de Lavapiés, cuando murió un senegalés y Barbero apoyó a su compañera de corporación Rommy Arce, cuando habló de racismo institucional o, por la otra parte, cuando el centro de Madrid se llenó de carteles en los que se advertía en varios idiomas que la Policía no podía garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Tertulia con Inmaculada Sánchez y Vicente Olaya.
