Absueltas 60 familias del poblado de Las Sabinas acusadas de robar luz

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Más de 60 familias asentadas en el poblado chabolista de Las Sabinas, enclavado junto al río Guadarrama, entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos, han sido absueltas de un delito de defraudación de energía, para quienes la Fiscalía e Iberdrola pedían más de 100.000 euros en multas. La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Móstoles, a la que ha tenido acceso Efe, desestima las peticiones de multas e indemnizaciones que tanto la Fiscalía como Iberdrola pedían para estas familias que viven en este asentamiento ilegal por entender que los inspectores entraron a las chabolas sin una orden judicial.

Informativo mediodía

| 08.05.2017

Más de 60 familias asentadas en el poblado chabolista de Las Sabinas, enclavado junto al río Guadarrama, entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos, han sido absueltas de un delito de defraudación de energía, para quienes la Fiscalía e Iberdrola pedían más de 100.000 euros en multas.

La sentencia del juzgado de instrucción número 2 de Móstoles, a la que ha tenido acceso Efe, desestima las peticiones de multas e indemnizaciones que tanto la Fiscalía como Iberdrola pedían para estas familias que viven en este asentamiento ilegal por entender que los inspectores entraron a las chabolas sin una orden judicial.

Los hechos se remontan al 21 junio de 2016, cuando la compañía eléctrica, habiendo comprobado el día anterior los enganches ilegales de varias de las casas, cortó el suministro eléctrico a 96 familias del asentamiento -a la altura del kilómetro 25 de la autovía de Extremadura(A-5)-, denunciando además a varias de ellas por este motivo.

Iberdrola sospechaba que en el poblado podían estar enganchando sus casas a una torre de electricidad que da suministro a unas instalaciones del Canal de Isabel II, por lo que contrató a unos inspectores de la empresa 'Marsan Ingenieros', quienes instalaron unos amperiómetros en los patios de las viviendas para investigarlo.

La jueza aclara en la sentencia que los patios "forman parte de la morada o domicilio de los denunciados" y que, de este modo, para entrar en ellos "era preciso o bien una resolución judicial motivada (que no se solicitó en este caso) o bien la autorización de los respectivos titulares".

De esta manera, el juzgado entiende que los inspectores de 'Marsan Ingenieros' entraron sin orden judicial -pese a hacerlo acompañados por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana y del Pacprona (Guardia Civil)- y sin informar a los vecinos de que, entre otras cosas, tenían derecho a no declarar contra sí mismos.