Valls fue expulsada del país centroamericano 48 horas después de ser detenida por estos hechos, y se queja de que hasta la fecha todavía no ha "oído ningún pronunciamiento del Gobierno español" respecto a su caso. De hecho, aseguró que antes de ser expulsada del país tuvo contacto con el cónsul español, quien "no me hizo caso y no quiso escuchar mi relato sobre las torturas".

La querella se presenta ahora ante la Audiencia Nacional de Madrid ante la imposibilidad de hacerlo en México, pues el "proceso sumarísimo" que sufrió le impide ahora pisar tierras mexicanas hasta que no hayan transcurrido 5 años.

La abogada de Valls, Paloma Soria, -que perteneciente a la organización Women's Link Worlwide, dedicada a defender derechos de las mujeres- informó de que la querella implica a 140 policías y altos responsables que organizaron la intervención de las fuerzas de seguridad.

El elevado número de implicados, aseguró Soria, se debe a que "no es únicamente contra los autores materiales" de las torturas infligidas a Valls contra los que se interpone la querella. Este proceso judicial "reclama el amparo de la Audiencia nacional en virtud del principio de jurisdicción universal", informa el comunicado distribuido durante el acto.

Esta jurisdicción universal obliga a los tribunales españoles "investigar y juzgar aquellos delitos que, como la tortura, deban perseguirse en virtud de la firma de tratados o vonvenios internacionales". Precisamente éste es el caso de España y México, que firmaron en su momento el Convenio contra la Tortura, como afirma Manuel Ollé, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Ollé, que estuvo presente en la rueda de prensa, también informó de que, para poder presentar esta querella, "el único requisito es que los delitos no hayan sido juzgados ya", y aseguró estar "convencido de la colaboración de México" en este caso.